Hablar de apagones en la República Dominicana es hablar de décadas de irresponsabilidad acumulada. No es un problema de este gobierno únicamente, pero tampoco puede este escapar de su cuota de culpa. La crisis eléctrica es el resultado de una cadena de improvisaciones, promesas incumplidas y pactos firmados para ganar tiempo sin que nadie se atreviera a tocar de raíz la enfermedad.

Durante años, gobiernos de todos los colores han preferido administrar el problema en vez de resolverlo. Cada administración ha heredado un sistema frágil, y en lugar de enfrentarlo con la valentía que exige, lo ha utilizado como herramienta política: subsidios mal diseñados, contratos leoninos con generadoras, inversiones anunciadas a bombo y platillo que nunca se ejecutaron, y un clientelismo que convirtió a las distribuidoras en botín partidario.

Hoy, cuando vuelven los apagones, se repite el mismo libreto: buscar culpables en el pasado. Pero no olvidemos que este gobierno también prometió acabar con la oscuridad y estabilizar el servicio. El problema es que, al igual que sus predecesores, se ha limitado a parches y discursos, mientras la población sigue pagando facturas cada vez más caras por un servicio inestable.

La verdad incómoda es que el sistema eléctrico no colapsa por falta de diagnósticos. Expertos, estudios y organismos internacionales han señalado las mismas soluciones durante años: diversificación de la matriz energética, reducción de pérdidas técnicas y financieras, y una administración despolitizada de las distribuidoras. Lo que falta no es conocimiento, sino voluntad política para enfrentarse a intereses enquistados que se benefician de este caos.

Los apagones que hoy sufrimos son la factura acumulada de la desidia oficial. Y si este gobierno no asume la responsabilidad de romper con ese círculo vicioso, terminará, como los anteriores, entregándole a la próxima gestión la misma herencia maldita: un país a oscuras y un pueblo cansado de excusas.