En los últimos años, las redes sociales han transformado la manera en que la sociedad se comunica, debate y ejerce presión sobre los gobiernos. Lo que antes tardaba días en convertirse en tema nacional, hoy ocurre en cuestión de minutos. Una declaración, una fotografía, una decisión administrativa o incluso un rumor puede generar una avalancha de reacciones capaces de colocar a cualquier funcionario en el centro de un linchamiento digital. Sin embargo, en medio de esta nueva realidad política y comunicacional, surge una pregunta fundamental: ¿representa realmente ese ruido la opinión pública nacional?
Es precisamente ahí donde muchos gobiernos, dirigentes y funcionarios pueden cometer uno de los errores más peligrosos de la política moderna: confundir la opinión pública con el ruido digital.
La opinión pública es amplia, diversa y compleja. Está compuesta por millones de ciudadanos con distintas realidades sociales, económicas y culturales. Incluye tanto a quienes participan activamente en redes sociales como a quienes jamás escriben una publicación en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. La opinión pública vive en los barrios, en los campos, en los mercados, en las universidades, en las iglesias, en los profesionales, en los comerciantes y en la gente que trabaja diariamente sin formar parte de debates digitales.
El ruido digital, en cambio, suele ser momentáneo, emocional y muchas veces dirigido. Se alimenta de algoritmos, tendencias y campañas organizadas que generan la percepción de que existe una indignación nacional absoluta, aunque en realidad muchas veces se trate de grupos políticamente motivados o de minorías altamente activas en redes sociales. En el mundo digital, cien cuentas organizadas pueden producir la sensación de representar a millones.
Eso no significa que las redes sociales deban ignorarse. Sería un grave error minimizar su impacto. Las plataformas digitales son hoy un importante termómetro social y político. Permiten detectar inconformidades, medir estados de ánimo y conocer preocupaciones reales de sectores de la población. El problema aparece cuando las autoridades comienzan a gobernar exclusivamente reaccionando a tendencias digitales y no a una visión integral del país.
En el caso del gobierno del presidente Luis Abinader, es evidente que existe una administración sensible a la presión social y a la opinión expresada en redes. Esa sensibilidad puede interpretarse positivamente como apertura democrática y capacidad de escuchar. Sin embargo, también abre espacio para que actores políticos entiendan que mediante campañas digitales constantes pueden condicionar decisiones públicas o generar estados de presión permanentes sobre funcionarios y políticas gubernamentales.
Debe recordarse además que ningún presidente gobierna con el respaldo del cien por ciento de la población. En democracia siempre existirá oposición política, sectores descontentos y grupos que nunca respaldaron un proyecto de gobierno desde su origen. A eso se suma el desgaste natural del ejercicio del poder, las expectativas incumplidas y las tensiones internas propias de cualquier organización política. Todo esto crea un escenario donde cada declaración pública de un funcionario puede convertirse automáticamente en blanco de ataques coordinados, sin importar incluso el contenido o contexto de lo dicho.
Lo preocupante es que muchas veces el debate desaparece y es sustituido por el tremendismo. Ya no se analiza una idea, una política pública o una propuesta; se busca destruir reputaciones, amplificar errores y fabricar percepciones de crisis permanentes. El objetivo no siempre es convencer, sino acorralar.
Por eso resulta urgente que tanto el liderazgo político como la sociedad aprendan a establecer una diferencia clara entre la legítima opinión pública y el ruido digital fabricado o amplificado artificialmente. Un gobierno responsable debe escuchar a la ciudadanía, pero también debe tener la madurez y la serenidad necesarias para no reaccionar en pánico ante cada tendencia momentánea.
Las redes sociales son una herramienta poderosa de participación democrática, pero no pueden convertirse en el único instrumento para interpretar el sentir nacional. Gobernar conectado con la sociedad no significa gobernar únicamente para quienes dominan la conversación digital.
La República Dominicana real es mucho más grande que cualquier tendencia de Twitter o cualquier ola momentánea de comentarios en redes sociales. Y olvidar esa diferencia puede llevar a decisiones improvisadas, políticas emocionales y gobiernos atrapados en el ciclo permanente de la reacción.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico