San Francisco de Macorís, RD – El asesinato a tiros de Luis Gustavo D’Aza (Nini) este martes, justo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la provincia Duarte, ha generado una ola de indignación y preocupación nacional. No se trata solo de otro homicidio: se trata del crimen de un testigo clave en un caso de homicidio, ultimado a plena luz del día y frente al corazón mismo de la justicia.
Un mensaje de poder del sicariato
El hecho de que un sicario actúe con tanta frialdad y descaro frente al Palacio de Justicia debe interpretarse como un desafío directo a la autoridad del Estado. La criminalidad envía un mensaje claro: no teme ni al Ministerio Público, ni a la Policía, ni a las instituciones que deben garantizar la justicia.
Si los testigos —pieza fundamental para sostener los casos judiciales— son silenciados de esta manera, se socava el sistema judicial completo. ¿Qué ciudadano se atreverá a colaborar con la justicia si la consecuencia puede ser la muerte?
Un patrón preocupante
Este no es un hecho aislado. En junio, otro joven citado como testigo en un caso de homicidio fue también asesinado en Cienfuegos, Santiago Oeste, antes de presentarse en el tribunal. La repetición del patrón demuestra que los testigos en la República Dominicana están desprotegidos y que el sicariato ha encontrado un punto débil para garantizar impunidad a los acusados: eliminar la voz que podría incriminarlos.
La urgencia de crear un precedente
El Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado ni limitarse a operativos inmediatos. Es necesario crear un precedente contundente: capturar, procesar y condenar de manera ejemplar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. De lo contrario, se enviará el mensaje de que testificar es una sentencia de muerte, y que la justicia dominicana es incapaz de proteger a quienes colaboran con ella.
Llamado a la acción
- Programa de protección de testigos: urge implementar un sistema real, confiable y con recursos, no solo en el papel.
- Mayor seguridad en las inmediaciones de los tribunales: si frente al propio Palacio de Justicia un sicario puede disparar a quemarropa, ¿qué se puede esperar en los barrios?
- Acción conjunta del Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial: no basta con operativos temporales; se requiere una política integral de protección y persecución criminal.
Reflexión final
Lo ocurrido en San Francisco de Macorís es un recordatorio de que sin seguridad no hay justicia, y sin justicia no hay democracia. La osadía de este crimen debe marcar un antes y un después. O el Estado recupera la autoridad, o el sicariato seguirá escribiendo las reglas.