Matar la gallina de los huevos de oro
Plantear la eliminación o reducción del financiamiento público a los partidos políticos no es un acto de saneamiento institucional ni de ahorro, como venden algunos políticos populistas e influencers de TikTok que no saben de lo que hablan ni miden las consecuencias de nada. Su única labor es decir lo que muchos quieren escuchar y ganar reproducciones con ello. Es, en la práctica, un debilitamiento deliberado de uno de los pocos mecanismos que históricamente han servido para contener el abuso de poder en sociedades como la dominicana.
La historia no miente, y la recordamos con dolor, sangre, luto y olor a pólvora. Bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo no existía un sistema de partidos; la falta de un sistema sólido fue lo que permitió el surgimiento de un régimen de esa naturaleza, un error que le tomó a la República Dominicana más de 30 años superar: un aparato totalitario sometido al capricho de un solo hombre. Y ni hablar de los doce años de Joaquín Balaguer: aunque formalmente había partidos, estos eran débiles, dependientes y sin la autonomía necesaria para ejercer un contrapeso real. El resultado, en ambos casos, fue el mismo: concentración brutal del poder, represión, matanzas, persecución y una democracia de papel.
Un sistema de partidos débil o capturado no es un detalle menor: es el abono perfecto para que germinen los autoritarismos.
Hoy, sin embargo, impera un simplismo irresponsable y peligroso. Ante cualquier crisis económica, escándalo o frustración, una parte de la sociedad —incluyendo empresarios y ciudadanos de a pie— dirige su furia contra los recursos que manejan los partidos, como si ahí estuviera el origen de todos los males del país. Es una mirada corta, emocional y suicida que no analiza orígenes ni consecuencias. Todo lo contrario: es este sistema de partidos políticos el que nos permite ganar lo mucho o lo poco que tenemos; de lo contrario, estaríamos comiendonos unos con otros en un escenario de desorden y anarquía.
Eliminar el financiamiento público no saca el dinero de la política; solo cambia su dueño y lo vuelve más oscuro, más tóxico y más peligroso. ¿Quiénes llenarían ese vacío? Políticos con fortuna propia y nula vocación democrática, que convertirían los partidos en extensiones patrimoniales de su ego y su bolsillo; grupos empresariales que financian no por compromiso con la democracia, sino a cambio de contratos, privilegios, exenciones y acceso preferencial al Estado; capitales ilícitos como narcotraficantes, lavadores de activos y economías criminales que buscan impunidad y control institucional; y fondos y agendas internacionales que responden a intereses extranjeros, no al bienestar ni a la soberanía dominicana.
Eso no es “ahorro”. Es privatizar el poder. Y en esa privatización, la democracia deja de ser de la ciudadanía y pasa a manos de quien pueda pagarla.
El empresario que hoy aplaude ese recorte está cavando su propia tumba: está debilitando el sistema que le garantiza reglas estables, seguridad jurídica y libertad para hacer negocios. El empleado privado que lo respalda está erosionando el orden que protege su salario, sus derechos y su futuro. Nadie se salva.
Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar: los países no crecen solo por la voluntad de sus gobernantes, sino principalmente por la madurez de su oposición. Ningún gobernante quiere pasar a la historia como un fracaso; si dependiera solo de ellos, muchos prometen convertir el país en un paraíso de la noche a la mañana, pero sin contrapesos fuertes el poder se desboca.
Ese ha sido el gran secreto del crecimiento sostenido de la República Dominicana durante más de 40 años: un sistema de partidos —imperfecto, pero real— que ha mantenido un consenso básico de estabilidad institucional y crecimiento. Ese equilibrio ha generado confianza para la inversión extranjera, para el empresariado local y para que la gente pueda planificar su vida. Es lo que nos diferencia de buena parte de América Latina, atrapada en ciclos de convulsión, interrupciones de mandatos, proyectos autoritarios y crisis institucionales recurrentes.
Debilitar ahora ese sistema por un falso ahorro o por rabia momentánea es, en términos simples, matar la gallina de los huevos de oro.
Porque la democracia no se sostiene con la buena voluntad de quien manda, sino con estructuras organizadas, financiadas de forma transparente y capaces de disputar, fiscalizar y reemplazar el poder cuando sea necesario.
El financiamiento público no es un privilegio de los partidos. Es una defensa colectiva de la sociedad: es como ahorrar dejando de comer los alimentos que nos dan fuerza para seguir produciendo, una decisión absurda que termina debilitándonos a todos. Despreciarlo sin entender su valor es despreciar las condiciones que hacen posible la libertad, el libre mercado, la empresa privada y los derechos que hoy disfrutamos.
Y cuando lo perdamos —porque la historia dominicana y la realidad de Haití nos lo gritan todos los días— estaremos dispuestos a pagar cualquier precio para recuperarlo. Pero entonces será tarde, y será mucho más caro.
Defendamos con uñas y dientes nuestro sistema de partidos. Es la base de todo lo que tenemos.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico