Los Alcarrizos: de la Estabilidad al Experimento Policial
En Los Alcarrizos no había perfección, pero sí algo cada vez más escaso en la República Dominicana: una relativa estabilidad en los niveles de delincuencia y una cooperación funcional entre comunidad y autoridades. Ese equilibrio —frágil, trabajado y costoso— no surgió por accidente, sino como resultado de tiempo, conocimiento del territorio y relaciones construidas con paciencia.
Hoy, todo eso parece estar en riesgo.
Numerosas quejas han llegado a nuestra redacción denunciando maltratos, arbitrariedades y un cambio brusco en la forma de operar de la Policía Nacional en el municipio. No se trata de percepciones aisladas. Empresarios, dirigentes comunitarios y ciudadanos coinciden en un diagnóstico inquietante: la nueva gestión policial ha irrumpido como si el territorio fuera completamente desconocido, ignorando dinámicas sociales que ya habían sido entendidas y encauzadas.
Al frente de esta nueva etapa se encuentra el general Eddy Francisco Pérez, director regional Z8, cuya llegada no ha significado continuidad, sino ruptura. Y ahí radica el problema de fondo: un modelo institucional anacrónico que insiste en rotar mandos como si el conocimiento del territorio fuera transferible por decreto o mediante un informe administrativo. No lo es.
La realidad es mucho más compleja. Conocer un municipio como Los Alcarrizos no es leer estadísticas ni memorizar nombres en un documento. Es entender quién media en los conflictos, cuáles sectores requieren tacto y cuáles firmeza, dónde un exceso de fuerza enciende lo que antes estaba contenido. Ese conocimiento no se hereda, se construye. Y toma tiempo.
Pero en lugar de preservar ese capital, la institución lo dilapida.
Se sustituye a quien ya aprendió, a quien ya logró resultados, y se introduce a otro que inevitablemente debe comenzar desde cero. Mientras tanto, los ciudadanos pagan el costo de esa curva de aprendizaje. Porque sí, alguien paga ese proceso. Y no es la institución: es la gente.
Peor aún, todo indica que esta nueva gestión ha optado por el camino más fácil y peligroso: demostrar autoridad a través de la fuerza, el exceso y la arbitrariedad. El viejo libreto del “garrote primero y explicación después”. Una estrategia torpe que confunde control con abuso, y que históricamente solo logra erosionar la confianza ciudadana.
El contraste es incluso simbólico. Basta observar la evolución del escudo de la Policía Nacional: de las armas a las manos. Se pasa de una lógica de confrontación a una de cooperación, de imposición a articulación con la comunidad. Sin embargo, todo indica que el nuevo mando no ha internalizado esa transición. Sus actuaciones parecen ancladas en el paradigma anterior, donde la autoridad se ejerce desde la fuerza y no desde la legitimidad construida con los ciudadanos. En un momento en que la institución intenta redefinirse bajo el principio de “proteger y servir”, resulta contradictorio —y preocupante— que en territorios como Los Alcarrizos se apliquen prácticas que desconocen precisamente esa nueva dinámica policial que el propio Estado dice estar impulsando.
La pregunta es inevitable:
¿Si la Policía no sabe qué hacer con ciertos mandos, por qué debe la población cargar con las consecuencias?
Los Alcarrizos no puede convertirse en un laboratorio de prueba y error. No somos un terreno de entrenamiento donde cada nueva autoridad viene a “aprender” a costa del bienestar colectivo. No es aceptable que los avances logrados se desmonten cíclicamente por decisiones administrativas desconectadas de la realidad territorial.
La seguridad ciudadana no puede gestionarse como una pasantía rotativa.
Si un mando no funciona, que se sustituya. Pero si funciona, si conoce, si ha logrado resultados, lo lógico —lo racional— es mantenerlo. Cualquier empresario lo entiende. Cualquier organización eficiente lo aplica. Solo una institución anclada en prácticas del pasado insiste en hacer exactamente lo contrario.
Y así, una y otra vez, el país retrocede.
Porque no se trata de nombres. Se trata de un sistema que destruye su propia experiencia y luego obliga a la población a pagar por reconstruirla.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico