El Poder Ejecutivo somete ante el Congreso un anteproyecto para regular la libertad de expresión

Por José Antonio González

El día de ayer, el Poder Ejecutivo sometió ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley que propone regular el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana.

La iniciativa ha generado reacciones diversas en la opinión pública, debido a que la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática. Sin embargo, es importante precisar que, conforme al marco constitucional dominicano, los derechos fundamentales pueden ser regulados por ley, siempre que no se afecte su contenido esencial y que las medidas respondan a fines legítimos, como el orden público, la moral o los derechos de terceros.

Esta facultad de regulación está prevista en el artículo 74, numeral 2 de la Constitución, que establece que: “Sólo por ley se podrán establecer las reglas para ejercer y proteger los derechos y garantías constitucionales.”

No obstante, dentro del conjunto de derechos fundamentales, hay uno que permanece fuera del alcance de cualquier tipo de limitación o reglamentación: la dignidad humana. Establecida en el artículo 38, la dignidad es considerada un principio inalienable, irreductible y no reglamentable, ya que constituye el fundamento sobre el cual descansan todos los demás derechos. Cualquier norma que pretenda limitarla sería, por naturaleza, inconstitucional.

A diferencia de derechos como la libertad de expresión, el debido proceso o la intimidad que sí pueden ser regulados por razones justificadas la dignidad humana representa el núcleo intangible del orden constitucional.

El debate que se abre ahora gira en torno a los límites legítimos del derecho a expresarse libremente, la proporcionalidad de la normativa propuesta y su potencial impacto sobre la prensa, las redes sociales y el pensamiento crítico. La discusión en el Congreso será clave para determinar si esta propuesta contribuye al fortalecimiento del marco democrático o si, por el contrario, puede derivar en una restricción indebida de las libertades públicas.