El Ministerio Público anunció que apelará los autos de no ha lugar emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados vinculados al caso Operación Calamar.
La información fue ofrecida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien calificó como un avance importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad el hecho de que 35 de los 40 acusados hayan sido enviados a juicio. No obstante, sostuvo que todos los imputados deben responder ante los tribunales por los hechos que se les atribuyen.
“De las 40 personas acusadas, entre físicas y jurídicas, 35 han sido enviadas a juicio, incluyendo a Donald Guerrero, señalado como el eje operativo de esta estructura criminal”, expresó Camacho al término de la audiencia en la que la jueza Altagracia Ramírez emitió su decisión.
El funcionario indicó que el Ministerio Público recurrirá el fallo que favoreció a cinco de los procesados, al considerar que el tribunal incurrió en una errónea valoración de diversas pruebas presentadas durante el proceso.
“Desde ahora le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión, porque de la sola lectura del fallo se hace evidente que hubo una incorrecta apreciación de varias pruebas”, afirmó.
En este caso, el órgano acusador solicitó que todos los imputados fueran enviados a juicio por presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.
Según la acusación, los implicados integraban una estructura que habría desviado fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de utilizar recursos para financiar actividades políticas durante la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público también sostiene que la supuesta red operó un esquema de sobornos relacionado con el sector de los juegos de azar y desvió recursos destinados al pago de compromisos de distintas instituciones estatales.
La Operación Calamar es considerada uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana y continúa avanzando en la etapa judicial.