El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 2-26, designó a Mayra Jiménez como directora de Supérate, en sustitución de Gloria Reyes.
Ese acto administrativo, que debió representar continuidad institucional y fortalecimiento de la política social, se ha convertido en un proceso traumático, hostil y profundamente desconsiderado con quienes sostuvieron esa institución durante años.
Aquí no se está hablando de ajustes técnicos ni de reingeniería administrativa. Se está hablando de seres humanos. De compañeros. De militantes del Partido Revolucionario Moderno que trabajaron día y noche para que hoy este partido esté en el poder.
UNA TRANSICIÓN QUE PARECE UNA PURGA
La nueva dirección ha defendido públicamente la desvinculación de más de 300 colaboradores como parte de una fusión estructural con ADESS y una reorganización interna. Sin embargo, la realidad que describen empleados y dirigentes territoriales es otra:
Levantan personas de sus escritorios sin previo aviso.
Se presiona a empleados para que renuncien.
Se obliga a colaboradores a entrenar a quien será su sustituto.
Se crea un clima de intimidación psicológica impropio de una gestión del PRM.
Eso no es reestructuración. Eso es trato de adversario político.
Y lo más preocupante es el mensaje que se envía: pareciera que la nueva incumbente hubiese llegado desde un partido enemigo y no desde el mismo proyecto político que llevó a Luis Abinader a la Presidencia.
¿Dónde está el espíritu de compañerismo?
En otras instituciones del Estado, las transiciones han sido ejemplo de madurez política.
El paso de Nelson Arroyo a la Dirección General de Aduanas, o la gestión de Yayo Sanz Lovaton en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, así como el rol de Ito Bisono en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, han estado marcados por transiciones programadas, respetuosas y consensuadas.
Cambios entre compañeros., Sin atropellos., Sin humillaciones.
¿Por qué en Supérate no puede ocurrir lo mismo?
Supérate no es una finca privada
Supérate es el principal programa de protección social del país. Maneja subsidios que impactan a más de un millón de hogares vulnerables. No es un proyecto personal de ningún funcionario de turno. Es una política pública del gobierno del PRM.
Y quienes trabajaban allí no eran intrusos. Eran parte del engranaje político y técnico que permitió que esa estructura funcionara con eficiencia y transparencia.
Si hubo 320 desvinculaciones, como se ha informado, corresponde explicar con claridad:
¿Cuáles fueron los criterios técnicos?
¿Dónde están los informes de evaluación?
¿Por qué la percepción generalizada es de represalia y no de racionalización administrativa?
Cuando la percepción colectiva es de abuso, el problema ya no es comunicacional: es político.
Un llamado firme
Presidente Luis Abinader, los empleados de Supérate también son PRM.
No fue el PLD quien ganó las elecciones.
No fue la Fuerza del Pueblo quien trabajó en los barrios.
Fueron hombres y mujeres del PRM que hoy sienten que están siendo tratados como si fueran parte del pasado que combatimos.
Hacemos un llamado al presidente del partido, Jose Ignacio Paliza, a los diputados, a los senadores y a toda la dirección política para que intervengan de inmediato y se investigue lo que está ocurriendo en Supérate.
No pedimos privilegios.
Pedimos respeto.
Pedimos trato digno.
Pedimos coherencia política.
La reestructuración puede ser necesaria.
El atropello, nunca.
Edgar Caraballo