SANTO DOMINGO.— El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, otorgó un plazo máximo de 30 días a los funcionarios de la institución que están obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio, bajo advertencia de que quienes incumplan serán destituidos de sus funciones.
La disposición está contenida en un memorándum interno fechado este sábado 22 de agosto de 2026 y dirigido a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los comandantes departamentales de la Policía Nacional.
En el documento, Rodríguez García instruye a los funcionarios alcanzados por la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y su reglamento de aplicación, establecido mediante el Decreto 92-16, a cumplir con este requisito ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El plazo concedido es de 30 días como máximo, contados a partir de la recepción del memorándum.
Advierte destitución y sanciones
La orden establece consecuencias directas para quienes no cumplan con la disposición dentro del período establecido.
De acuerdo con el memorándum, los miembros de la institución que incumplan con la presentación de la declaración jurada “quedarán inmediatamente destituidos de la función”, además de ser sancionados conforme a los reglamentos vigentes de la Policía Nacional.
La advertencia está dirigida a los funcionarios policiales que, por las funciones que desempeñan, se encuentran sujetos a la obligación establecida en la Ley 311-14.
La disposición fue comunicada a las principales estructuras de dirección de la institución y remitida, además, al inspector general y al director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Primera disposición de Rodríguez García
La medida constituye una de las primeras órdenes administrativas emitidas por Rodríguez García tras asumir la Dirección General de la Policía Nacional, luego de la salida del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
Desde su llegada al cargo, el nuevo director ha planteado la necesidad de fortalecer la disciplina, elevar los niveles de cumplimiento interno y continuar impulsando cambios dentro de la institución como parte del proceso de reforma policial.
Con esta disposición, la nueva gestión establece un plazo concreto para que los funcionarios obligados cumplan con una exigencia legal relacionada con la transparencia y, al mismo tiempo, fija consecuencias administrativas para quienes no acaten la orden.
La Ley 311-14 establece la obligación de determinados funcionarios públicos de presentar información sobre el origen, evolución y variaciones de su patrimonio, como mecanismo de transparencia, prevención y control sobre los bienes de quienes ejercen funciones públicas.