El reciente proceso de licitación pública nacional llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el suministro del almuerzo escolar de los períodos 2026-2027 y 2027-2028 no enfrentó un reto administrativo común, sino una auténtica encrucijada política e institucional. Con un presupuesto estimado que ronda los RD$58,000 millones, el proceso se convirtió de inmediato en el blanco de sectores de gran poder económico y tradicionales suplidores que buscaban retener o conquistar cuotas en uno de los programas de compras públicas más codiciados del Estado.
Sin embargo, el desenlace de este certamen estaba escrito en su propia aritmética mucho antes de abrir el primer sobre o realizar la primera inspección técnica: la ola de descrédito era matemáticamente inevitable.
La trampa de los números: 915 descontentos cantados
Para los 34 procesos licitatorios convocados, el INABIE evaluó a 2,644 oferentes, en su gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). De este universo, la capacidad de cobertura del sistema escolar solo permitía otorgar 1,729 adjudicaciones.
Esto significaba que, bajo cualquier esquema —incluso bajo la gestión más pulcra e impecable imaginable—, exactamente 915 participantes quedarían fuera. Casi un 35 % de oferentes que, aun habiendo cumplido con los pliegos de condiciones y obtenido calificaciones sobresalientes en sus cocinas, no podían ser adjudicados por un estricto límite de plazas y presupuesto.
Para blindar la selección, la institución implementó controles estrictos: formularios digitales georreferenciados con GPS, evidencia fotográfica y videográfica obligatoria en las inspecciones de cocinas, y rigurosas matrices de evaluación legal, financiera y técnica. El objetivo era que cada contrato respondiera exclusivamente al mérito y a la cercanía geográfica con las escuelas.
La garantía de gestión: la trayectoria de Adolfo Pérez
Precisamente para blindar una institución históricamente vulnerable a las presiones externas, el presidente Luis Abinader confió la dirección del INABIE al ingeniero Adolfo Pérez de León. Hombre de extrema confianza del mandatario, Pérez cuenta con una sólida reputación técnica y una trayectoria de probada honestidad y responsabilidad en el servicio público, tras haber encabezado durante cinco años una gestión caracterizada por la transparencia y eficiencia en PROMESE/CAL.
Consciente de los intereses en juego y a sabiendas de los ataques que se desatarían, el equipo encabezado por Pérez no dejó espacio a la improvisación. Se cuidó cada detalle técnico y operativo hasta el más mínimo extremo para asegurar que no existieran brechas de discrecionalidad en las evaluaciones ni en las posteriores adjudicaciones.
El negocio de pescar en río revuelto
A pesar del rigor implementado, ocurrió exactamente lo previsto. Al publicarse las adjudicaciones, la inconformidad natural de los no seleccionados se transformó en una activa ofensiva mediática. Los más de 900 oferentes excluidos, sumados a intereses tradicionales desplazados, activaron narrativas de supuestas irregularidades para intentar forzar revisiones al margen de la ley.
En contrataciones de esta magnitud, la estrategia del pataleo es conocida: convertir la frustración legítima de quien no alcanzó una plaza en un cuestionamiento a la transparencia institucional, buscando pescar en el río revuelto del debate público.
La firmeza institucional frente al ruido
A diferencia de crisis pasadas, el actual intento de desgaste tropieza con un muro de contención sólido. El Palacio Nacional conoce de primera mano la realidad operativa del INABIE y la pulcritud de los filtros aplicados. La confianza del presidente Abinader en la conducción y solvencia moral de Adolfo Pérez descansa sobre datos auditables, trazabilidad digital y un apego irrestricto a la ley.
El ruido mediático difícilmente pasará de ser una escaramuza de relaciones públicas. Cuando los ataques chocan contra expedientes técnicos bien sustentados y una dirección con autoridad moral para no ceder al chantaje corporativo, el descrédito fabricado pierde fuelle. El INABIE ha demostrado que gestionar con responsabilidad e integridad implica, necesariamente, asumir el costo del descontento de quienes confunden el derecho a participar con la garantía de ganar.
Redaccion 849noticias.com