La inauguración de la nueva sede del Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencias y Desastres (CEMED), respaldada por la Ley 28-24, representa un paso importante en el fortalecimiento de la capacidad del Estado dominicano para responder a eventos de gran magnitud. La inversión en infraestructura, tecnología y capacidad operativa es, sin duda, una decisión que merece reconocimiento. Sin embargo, esta apuesta institucional también deja al descubierto una preocupante contradicción en la política nacional de gestión de riesgos: mientras el Estado destina cuantiosos recursos a una estructura especializada de carácter militar, los cuerpos de bomberos municipales continúan enfrentando las emergencias cotidianas con limitaciones que comprometen la seguridad de la población.
El debate no debe plantearse como una competencia entre instituciones. El CEMED y los cuerpos de bomberos cumplen funciones distintas y complementarias dentro del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. El primero está concebido para intervenir en escenarios de gran complejidad, desastres de gran escala y operaciones que requieren una logística extraordinaria. Los segundos constituyen la primera línea de respuesta en incendios, accidentes de tránsito, rescates, materiales peligrosos, inundaciones y múltiples emergencias que ocurren diariamente en cada municipio del país.
Precisamente por esa razón resulta preocupante que el fortalecimiento de una estructura nacional no haya venido acompañado de una política igualmente ambiciosa para robustecer las capacidades locales. En cualquier desastre de gran magnitud, los primeros minutos son determinantes para salvar vidas. Antes de que puedan movilizarse los recursos especializados del Estado, quienes llegan inicialmente al lugar de la emergencia son los bomberos municipales, muchas veces con equipos insuficientes, unidades fuera de servicio o carencias de herramientas básicas.
La Ley 147-02, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, establece claramente que la reducción del riesgo y la respuesta ante emergencias constituyen una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y los gobiernos locales. Asimismo, la Constitución de la República impone al Estado el deber de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas. Esa obligación difícilmente puede cumplirse si quienes representan el primer eslabón de la respuesta operan bajo condiciones de precariedad.
En numerosos municipios persisten estaciones con camiones que han superado ampliamente su vida útil, déficit de equipos de respiración autónoma, escasez de trajes de protección certificados, herramientas de rescate vehicular insuficientes y presupuestos que dependen casi exclusivamente de los limitados ingresos de las alcaldías. Esta realidad no solo afecta las condiciones laborales de los bomberos; representa un riesgo directo para la ciudadanía.
La resiliencia de un país no se construye únicamente mediante grandes centros de operaciones o sofisticados sistemas tecnológicos. También depende de la fortaleza de las instituciones que atienden la primera llamada de auxilio. Ningún centro nacional, por moderno que sea, puede sustituir la capacidad de respuesta inmediata que brindan los cuerpos de bomberos distribuidos en todo el territorio nacional.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas más eficientes de protección civil son aquellos que fortalecen simultáneamente la coordinación estratégica y la capacidad operativa local. Centralizar la inversión sin consolidar las estructuras municipales genera un desequilibrio que limita la eficacia de todo el sistema de respuesta.
La deuda histórica con los cuerpos de bomberos exige mucho más que incrementos salariales ocasionales o promesas de modernización. Se requiere una política pública permanente que garantice financiamiento estable, renovación de flotillas, adquisición de equipos certificados, programas nacionales de capacitación continua, escuelas de formación con estándares internacionales y mecanismos transparentes de inversión que permitan reducir las profundas desigualdades existentes entre los diferentes municipios.
Invertir exclusivamente en la capacidad de respuesta especializada mientras se mantienen desatendidos los organismos que enfrentan las emergencias desde el primer minuto equivale a construir la última línea de defensa sin fortalecer la primera. Es una estrategia incompleta que puede traducirse en mayores pérdidas humanas cuando ocurra una catástrofe de gran magnitud.
El fortalecimiento del CEMED constituye un avance importante para el país. Sin embargo, ese avance solo tendrá verdadero impacto si forma parte de una política integral que reconozca a los cuerpos de bomberos como un componente esencial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. No se trata de elegir entre una institución y otra, sino de comprender que ambas son indispensables.
Porque ningún sistema de emergencias será realmente eficiente mientras quienes llegan primero al lugar del desastre continúen enfrentando el peligro con recursos insuficientes. Fortalecer a los bomberos no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica en la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta del Estado dominicano.