Santo Domingo. — A tan solo cinco días de haber sido depositada en el Congreso Nacional, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento ha comenzado a generar un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entregó este miércoles un análisis crítico al Senado en el que calificó la iniciativa como “inconstitucional e inconvencional”.
Durante una reunión con el pleno del Senado, encabezado por su presidente Ricardo de los Santos, el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, expresó que la propuesta legislativa elaborada por el Poder Ejecutivo y una comisión honorífica, integrada por periodistas, viola principios esenciales de la democracia.
Vidal Potentini señaló que únicamente los considerandos y los primeros 15 artículos del proyecto se ajustan a lo estipulado por la Constitución dominicana. En cambio, los 60 artículos restantes afectarían derechos fundamentales del ejercicio periodístico, como el secreto profesional, la cláusula de conciencia, la no censura previa y el derecho a la reserva de fuentes de información.
El jurista advirtió que el proyecto infringe también el artículo 69 de la Constitución, el cual garantiza el derecho al debido proceso. Cuestionó especialmente la capacidad sancionadora que tendría el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), entidad propuesta en el proyecto, al considerar que sus funciones podrían derivar en censura indirecta.
“El Inacom, con facultades fiscalizadoras y penalizadoras, podría convertirse en un instrumento de represión disfrazado de regulación”, advirtió Potentini. Además, criticó que los directivos del nuevo órgano serían escogidos por el Senado a partir de una terna propuesta por el presidente de la República, lo cual comprometería su independencia.
El CARD también objetó el uso de conceptos ambiguos como “violencia desmesurada” o “contenido ofensivo a la dignidad”, los cuales, sin definiciones claras, abrirían la puerta a interpretaciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas.
Ante estos señalamientos, el Colegio de Abogados solicitó la reconfiguración del Inacom y la revisión de todo el proyecto, así como la realización de vistas públicas para escuchar a los sectores afectados, especialmente medios de comunicación y plataformas digitales.
En respuesta, miembros de la comisión especial del Senado encargada de estudiar la pieza mostraron su disposición de abrir un proceso “amplio y extenso” de diálogo con la ciudadanía.
De ser aprobada tal como está, la nueva legislación contemplaría sanciones severas como la suspensión por hasta 90 días de transmisiones, eliminación de contenidos y multas entre 30 y 200 salarios mínimos del sector público, por violaciones relacionadas con la libertad de expresión, protección de menores y acceso a la información en situaciones de emergencia.