Santo Domingo. Cinco de los diez imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado acercamientos con el Ministerio Público para acogerse a un procedimiento de penal abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos que se les imputan, según reveló una fuente vinculada a la investigación.
De acuerdo con la información, la contundencia de las pruebas recopiladas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha incrementado la presión sobre los acusados, motivando a varios de ellos, incluidos algunos que permanecen en prisión preventiva, a negociar su situación procesal.
La fuente indicó además que otros imputados también estarían evaluando acogerse a acuerdos similares con el Ministerio Público.
Estos acercamientos se producen mientras la Pepca prepara una nueva etapa de las investigaciones, denominada «SeNaSa 2.0», con la que busca ampliar el alcance del expediente e identificar a otros posibles involucrados.
Asimismo, para el próximo 30 de julio, el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Según el Ministerio Público, la presunta estructura habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones, aunque las primeras estimaciones situaban el perjuicio económico en alrededor de RD$15,000 millones. Las investigaciones sostienen que las operaciones ilícitas se habrían desarrollado entre los años 2020 y 2025.
El expediente está encabezado por el exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
También figuran entre los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa. Esa colaboración les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
El Ministerio Público les atribuye los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, ha reiterado que las investigaciones continúan y que no se limitan a hechos ocurridos en el pasado, sino que también abarcan a otros actores presuntamente vinculados con el funcionamiento del organismo en la actualidad.