Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la constitucionalidad de la fusión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), validando así la creación del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía mediante la sentencia TC/0288/26.
La alta corte rechazó de manera definitiva una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Wilkin Antonio Moreno Abreu, quien alegaba que la Ley 45-25, que dispone la integración de ambas instituciones, debió ser aprobada como una ley orgánica debido a su impacto en áreas vinculadas al presupuesto y la planificación estatal.
Tras analizar el recurso, el TC concluyó que la normativa se ajusta plenamente a la Constitución de la República y que su propósito principal es reorganizar competencias dentro de la administración pública para mejorar la eficiencia del gasto estatal y fortalecer la coordinación de las políticas económicas y financieras.
Los jueces constitucionales establecieron que las leyes que crean, modifican, fusionan o eliminan ministerios no forman parte de las materias reservadas exclusivamente a las leyes orgánicas, por lo que la aprobación de la Ley 45-25 como legislación ordinaria fue válida y conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Asimismo, el tribunal determinó que la reorganización institucional no altera el régimen económico-financiero consagrado en la Constitución ni elimina mecanismos de control o contrapesos dentro del Estado, desestimando los argumentos presentados por el accionante.
No obstante, la decisión no fue adoptada de manera unánime. La magistrada Army Ferreira emitió un voto disidente al considerar que la interpretación realizada por la mayoría sobre el artículo 112 de la Constitución fue restrictiva.
En su opinión, el Tribunal Constitucional debió examinar con mayor profundidad las implicaciones de concentrar en una sola entidad las funciones de planificación económica y administración financiera del Estado, advirtiendo que esta estructura podría afectar el equilibrio institucional y la independencia funcional de los sistemas de inversión pública.
La Ley 45-25 fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 22 de julio de 2025 y dispuso la fusión inmediata del Ministerio de Hacienda y el MEPyD. Como parte de este proceso, quedó derogada la Ley 496-06, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La iniciativa fue aprobada por el Senado en mayo de 2025 y posteriormente sancionada de urgencia por la Cámara de Diputados en julio de ese mismo año. Según el texto legal, la medida busca fortalecer la articulación entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, bajo los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional despeja cualquier cuestionamiento jurídico sobre una de las reformas institucionales más importantes impulsadas por el Gobierno en los últimos años, consolidando la creación de una entidad única responsable de dirigir la política económica, financiera y de planificación del país.