Un joven ingeniero cristiano, fue hecho preso en el destacamento de Juanita por denunciar el abuso de un agente que bloqueó su marquesina con un camion
Los Alcarrizos, Santo Domingo. – En un caso que revela la persistente cultura de arbitrariedad e impunidad dentro de la Policía Nacional en el municipio de Los Alcarrizos, el ingeniero Rubén Emanuel Ferreiras Almanzar, destacado miembro de la comunidad evangélica de Sávica, amaneció detenido en las celdas del destacamento de Juanita. Su único “delito”: haber llamado al 911 para que las autoridades pusieran fin al bloqueo abusivo y reiterado de la entrada de su residencia por parte de un agente de la misma policia que estacionaba un camión de gran tamaño en la marquesina de su propiedad.
Rubén Emanuel Ferreiras Almanzar es nieto de una de las fundadoras más respetadas del barrio Sávica, cuya labor filantrópica junto a su esposo, Ramírez Almanzar, ha beneficiado por décadas a las familias más necesitadas del sector. Su madre es una abogada dedicada al pastorado evangélico, y el propio ingeniero sirve como músico en la iglesia local. Su familia representa un referente de buenos principios, valores cristianos, paz y compromiso comunitario en Sávica.
No es la primera vez que se registra este abuso. Vecinos y la familia han denunciado que el mismo vehículo privado ha causado daños materiales en múltiples ocasiones: espejos rotos y rayones en autos de la familia y del entorno, debido al tamaño desproporcionado del camión. El último incidente ocurrió cuando el agente parqueó el vehículo durante todo un día, impidiendo por completo la entrada y salida de la vivienda. Al aparecer el policía y generarse una discusión puramente verbal —que nunca escaló a violencia física, según confirman testigos y el carácter pacífico de la familia—, los afectados optaron por la vía institucional: llamar al 911.
En lugar de mediar y hacer cumplir la ley, los agentes que respondieron calificaron el hecho como una “riña”, respaldaron a su colega y procedieron a detener al ingeniero Rubén Emanuel Ferreiras Almanzar. Mientras el policía permanecía en libertad, en un acto que la familia percibe como una burla al sistema de derechos y a su dignidad, el joven fue trasladado al destacamento de Juanita. La justificación oficial fue que, al tratarse de una “riña”, el caso debía dirimirse en la Fiscalía, por lo que el ingeniero tuvo que permanecer preso durante toda la noche.
Este atropello no ocurre en el vacío. En marzo de 2026, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz designó al general de brigada Eddy Francisco Pérez Peralta como nuevo director regional de Santo Domingo Oeste (Z-8), con sede en Los Alcarrizos, en sustitución del general Eduardo Escalante Alcántara. Pérez Peralta asumió con el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público. Sin embargo, este caso —como otros que ya alertan voces de la comunidad— muestra un patrón de acciones de fuerza y protección corporativa que contradice los lineamientos de la reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader, orientada a erradicar los abusos y la impunidad interna.
Lo ocurrido con Rubén Emanuel Ferreiras Almanzar constituye un atropello flagrante a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República: la inviolabilidad del domicilio (art. 44), la presunción de inocencia y el derecho a no ser detenido arbitrariamente (art. 40). Clasificar como “riña” una simple reclamación verbal por el bloqueo de la propiedad privada, para luego proteger al agente infractor mientras se priva de libertad al denunciante, envía el peor mensaje posible a la ciudadanía.
La familia de Sávica, conocida por su intachable trayectoria de servicio social y testimonio cristiano, ha decidido alzar la voz públicamente ante la falta de respuestas institucionales concretas. “Esto no es solo un abuso contra nosotros; es un mensaje claro a toda la comunidad: si denuncias a un policía, terminas preso. Y representa un sabotaje directo a los esfuerzos del presidente Abinader por cambiar la imagen y la conducta de la Policía Nacional”, expresaron allegados.
Las autoridades locales y regionales —en particular el general Eddy Francisco Pérez Peralta y el director general de la Policía— tienen ahora la obligación moral e institucional de actuar con celeridad y transparencia. Se exige:
- Una investigación interna imparcial y expedita.
- La inmediata revisión y levantamiento de cualquier medida restrictiva contra el ingeniero Rubén Emanuel Ferreiras Almanzar.
- La sanción ejemplar al agente responsable y a quienes respaldaron el procedimiento irregular.
Solo así se reparará el daño causado a una familia de buenos principios y se demostrará que la reforma policial no es un eslogan político, sino una transformación real. De lo contrario, seguirán multiplicándose los testimonios de ciudadanos decentes que, al buscar justicia, solo encuentran arbitrariedad. Y Los Alcarrizos se consolidará, lamentablemente, como ejemplo de lo que aún falta por cambiar en la institución.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico