He escuchado con atención las críticas al manejo macroeconómico que ha hecho a los gobiernos del PRM. Debo decir que me preocupan bastante sus señalamientos senador, porque aquí estaría ocurriendo una de dos cosas: o no conoce cómo se administra el Estado en términos macroeconómicos, o no consultó a su padre antes de formular esta crítica. Si el senador hubiera conversado con su padre, probablemente le habría explicado algo elemental: el Estado no opera como un negocio informal donde el dinero se mueve de una caja a otra según la conveniencia del momento; el Estado se rige por la ley, por reglas fiscales y por compromisos internacionales.
El presupuesto nacional es una ley formalmente aprobada por el Congreso. Cada peso tiene un destino específico consignado en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos. Los préstamos multilaterales no son recursos líquidos de libre disponibilidad; están condicionados a cronogramas de ejecución, metas verificables y desembolsos por tramos. No se pueden transferir fondos aprobados para un proyecto hacia otro sin autorización congresual y, en muchos casos, sin violentar el contrato suscrito con el organismo financiero. Pretender lo contrario sería desconocer la arquitectura jurídica y financiera del Estado.
Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el gobierno en 2020, heredó un déficit fiscal estructural que se arrastraba desde años anteriores. Incluso el entonces presidente Danilo Medina advirtió públicamente que quien asumiera en 2020 tendría que impulsar una reforma fiscal para corregir ese desequilibrio. A ese escenario se le sumó la pandemia del COVID-19, que obligó a expandir el gasto público para sostener empleos, proteger ingresos y evitar un colapso económico.
Superada la fase crítica de la pandemia, vino la crisis post-COVID: disrupción de cadenas logísticas, aumento histórico de los fletes, encarecimiento de combustibles y una inflación internacional agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó los precios de energía y alimentos. Es decir, el gobierno del presidente Luis Abinader no solo administró un déficit heredado, sino que enfrentó simultáneamente una crisis sanitaria global y un choque geopolítico con impacto directo en las finanzas públicas.
Aun así, cada vez que se ha intentado abordar una reforma fiscal integral para reducir el déficit y dejar de pagar deudas con más deudas, el partido del senador, la Fuerza del Pueblo, ha rechazado esos esfuerzos. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo se pretende aumentar la inversión pública y reducir el endeudamiento si se bloquean los mecanismos estructurales para fortalecer los ingresos del Estado y equilibrar las finanzas?
La coherencia es indispensable en política económica. No se puede exigir más gasto y, al mismo tiempo, oponerse a las reformas que permitirían financiarlo responsablemente. La estabilidad macroeconómica no es un discurso; es disciplina fiscal, respeto a la ley y cumplimiento de compromisos. Eso, senador, es gobernar un Estado. No administrar un colmado.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico
Excelente análisis, de lo que es, la operación del estado frente a una crítica sustentada en una campaña politica de oposición.