A propósito de la Cámara de Cuentas y la decisión del Pleno de aumentarse el salario.
Miseria arrastra miseria. No se puede administrar un Estado moderno desde la lógica de la escasez mental ni desde el ahorro mal entendido. Un país que pretende construir instituciones sólidas pagando salarios débiles está, en la práctica, diseñando su propio fracaso.
La discusión ha vuelto al centro del debate a propósito de la Dra. Emma Polanco y los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En medio de un contexto económico internacional complejo, marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y presiones inflacionarias que impactan directamente a la población, cualquier ajuste salarial en la alta función pública genera ruido, resistencia y cuestionamientos. Y es comprensible.
Sin embargo, hay una verdad incómoda que el debate público suele evitar: la calidad institucional tiene un costo, y ese costo no es bajo.
Las economías más estables del mundo han entendido que pagar bien no es un privilegio, sino un mecanismo de protección del Estado. No se trata únicamente de atraer talento, sino de blindar decisiones. Cuando un funcionario tiene una trayectoria consolidada, reputación internacional y credibilidad ante los agentes económicos, su presencia en una institución no solo agrega valor técnico, sino que reduce incertidumbre, genera confianza y estabiliza expectativas.
El caso de Héctor Valdez Albizu en el Banco Central de la República Dominicana es ilustrativo. Su permanencia durante más de dos décadas no se explica únicamente por capacidad técnica, sino por algo más difícil de construir: confianza acumulada. Esa confianza no se improvisa, no se sustituye de la noche a la mañana y, sobre todo, no se paga con salarios de subsistencia. Una parte importante de la estabilidad macroeconómica dominicana descansa, precisamente, en ese intangible.
El mismo principio aplica en cualquier ámbito. Por ejemplo: Si una empresa quisiera contratar a Bill Gates, no podría hacerlo bajo parámetros salariales estándar. No se remunera solo el tiempo de trabajo, se remunera el valor agregado, la experiencia, la red de contactos y la capacidad de tomar decisiones estratégicas.
De igual modo, el caso de la Dra. Emma Polanco no puede analizarse desde la ligereza del prejuicio, sino desde el peso de su trayectoria. Se trata de una profesional con más de tres décadas en la academia y la gestión institucional, doctora en Economía Aplicada, especialista en contabilidad de costos e impuestos, formada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad del País Vasco. Fue la primera mujer en dirigir esa alta casa de estudios, tras haber escalado cada uno de sus niveles: directora de escuela, vicedecana, decana y vicerrectora administrativa. Su carrera no se limita al aula; también ha tenido experiencia en el sector privado como gerente financiera y asesora en distintas instituciones. A esto se suma el reconocimiento nacional e internacional por su aporte a la formación de profesionales y al fortalecimiento institucional. No estamos, por tanto, ante una improvisación ni ante una figura coyuntural, sino frente a un perfil técnico, académico y gerencial que ha construido credibilidad durante décadas, precisamente el tipo de capital humano que un Estado serio está obligado a valorar y, en consecuencia, a remunerar de forma acorde.
Un agravante: el riesgo. Un funcionario de alto nivel no solo gestiona recursos, también enfrenta presiones políticas, mediáticas y, en muchos casos, intereses económicos que pueden ser abrumadores. En instituciones de control, como la Cámara de Cuentas, donde convergen expedientes sensibles y casos de posible malversación, la tentación de la corrupción no es teórica: es real y constante.
Aquí es donde entra un elemento clave que suele ignorarse en el debate populista: pagar salarios competitivos no garantiza honestidad, pero pagar salarios indignos aumenta exponencialmente el riesgo de corrupción o, en el mejor de los casos, de mediocridad. Es una cuestión de incentivos.
Si el Estado dominicano aspira a contar con funcionarios de alto nivel, personas con formación, reputación y carrera consolidada, debe asumir que competirá con el sector privado, donde hay abogados que no aceptan un caso por menos de cifras que superan ampliamente los salarios públicos. Pretender atraer ese mismo perfil por una fracción del ingreso es, simplemente, ilusorio.
Luego vienen las consecuencias: funcionarios que “no funcionan”, decisiones erráticas, instituciones débiles y una ciudadanía que pierde la confianza en el aparato estatal. Pero esa no es una casualidad; es el resultado directo de una política salarial incoherente.
Ahora bien, esto no exonera a las autoridades de actuar con prudencia. El momento económico importa. La forma importa. La transparencia importa. No basta con que una medida sea técnicamente justificable; debe ser políticamente sostenible y socialmente explicable. De lo contrario, se convierte en un costo reputacional que erosiona la legitimidad institucional.
El verdadero debate, entonces, no es si se debe o no pagar bien a los funcionarios públicos. El debate es cómo hacerlo con criterios claros, con métricas de desempeño, con rendición de cuentas y en sincronía con la realidad económica del país.
Porque al final, la ecuación es simple: un Estado que paga miseria, obtiene miseria. Y un país que normaliza eso, se condena a administrarla.”
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico