El derecho a no responder: una barrera ética contra el acoso mediático
En una democracia sana, el periodismo cumple la función imprescindible de informar, cuestionar y fiscalizar. Pero ese derecho —sagrado e irrenunciable— no es absoluto. No puede ni debe usarse como excusa para vulnerar la dignidad de una persona, para convertir una entrevista en un interrogatorio interminable, ni para imponer un juicio mediático basado en insinuaciones o rencores personales.
La reciente entrevista de la periodista Cristal Acevedo al ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, expone un patrón preocupante de hostigamiento público disfrazado de periodismo. La insistencia repetida —hasta ocho veces— en hacer la misma pregunta sobre presuntos vínculos con narcotráfico no es periodismo riguroso: es persecución, y merece una condena ética contundente.
El derecho a no responder no es una concesión; es un límite ético.
En los tribunales, la figura legal de no responder protege al investigado de autoincriminación y evita daños colaterales a terceros vulnerables. Ese mismo principio debe trasladarse al ámbito periodístico cuando la pregunta puede implicar responsabilidad penal y no existe evidencia concreta, verificable y de interés público directo que sustente la imputación implícita.
Preguntar reiteradamente por si un funcionario “conoce” a supuestos narcotraficantes sin pruebas documentales no es escrutinio responsable: es presión indebida. Más aún cuando el invitado responde de forma clara, señalando que el Ministerio Público actúa con independencia y que no hay impunidad para nadie en su gobierno —una posición institucional que puede debatirse, pero no caricaturizarse mediante repetición insistente.
El hostigamiento como falla ética está claramente delimitado en los principales marcos deontológicos internacionales.
El Código de Ética de la Society of Professional Journalists (SPJ) establece el principio de “minimizar el daño”, indicando que el periodista debe tratar a las fuentes con respeto y sensibilidad, evitando infligir perjuicios innecesarios y absteniéndose de prácticas que comprometan la integridad profesional. La repetición obsesiva de una pregunta que no aporta información nueva entra precisamente en ese terreno.
El Código Internacional de Ética de la UNESCO (1983) dispone que el ejercicio de la libertad de prensa conlleva responsabilidades, entre ellas el respeto a la dignidad humana y la prohibición de ejercer presión indebida para obtener respuestas. La insistencia reiterada en un asunto penal sin evidencia documentada contradice directamente ese estándar.
La Carta Ética Mundial de la International Federation of Journalists (FIP) refuerza este criterio al exigir independencia y prohibir el uso de la profesión para agendas personales o venganzas. Cuando el cuestionamiento deja de buscar información y pasa a buscar rendición pública forzada, se cruza una línea ética.
El derecho a preguntar no es un cheque en blanco.
La libertad de prensa es un pilar democrático, pero no es absoluta. Todos los estándares internacionales coinciden en que su ejercicio debe estar guiado por proporcionalidad, pertinencia y responsabilidad.
Insistir reiteradamente en una pregunta ya contestada, especialmente en un tema penal delicado, no fortalece la fiscalización. Intenta provocar una admisión.
Y provocar una admisión ante cámaras no es investigación periodística: es presión psicológica.
También existe el derecho a no responder. En los tribunales nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Ese principio protege la presunción de inocencia y evita daños irreparables. En el ámbito mediático, aunque no opere formalmente la misma figura jurídica, el principio ético es análogo: el entrevistado puede legítimamente declinar responder cuando la pregunta pretende comprometerlo en un proceso abierto o cuando la reiteración busca quebrar su posición.
Repetir ocho veces la misma pregunta no la convierte en más válida.
La convierte en más agresiva.
No es casualidad: aquí hay inquina, no periodismo.
La contradicción emocional y ética en las declaraciones de Cristal Acevedo resulta evidente en una intervecion en el programa el Zol de la Tarde, donde ella es panelista, visiblemente afectada y con un tono de frustración acumulada, acusa directamente a Jose Ignacio Paliza de haberla “mandado a cancelar”, Acevedo no estaba en condiciones psicológicas óptimas para conducir una entrevista imparcial contra el mismo Paliza, convirtiendo en cambio el espacio periodístico en un arma de venganza personal, lo que no solo viola principios básicos de objetividad y autocontrol profesional, sino que expone cómo sus resentimientos privados contaminaron su rol público, priorizando la catarsis emocional sobre la ética periodística y el respeto al entrevistado.
Cuando existen antecedentes de conflicto personal entre entrevistador y entrevistado, la carga emocional puede contaminar el ejercicio profesional. Si una periodista ha manifestado públicamente desacuerdos o agravios con un funcionario, la ética exige dos opciones claras: declararlo y apartarse, o ejercer una neutralidad escrupulosa.
La contradicción más grave
La ironía es abrumadora y demoledora en el caso de Cristal Acevedo: en una entrevista previa defiende con vehemencia que el entrevistado tiene pleno derecho a no dejarse llevar por las preguntas del periodista, que debe llegar con su propio discurso y responder solo lo que desee —incluso evadir o “esconderse” si lo considera necesario—, porque “el que sabe lo que va a decir soy yo”; sin embargo, cuando ella ocupa el rol de entrevistadora frente a Jose Ignacio Paliza, ignora por completo ese mismo principio que proclamaba como una lección de manejo de crisis y comunicación estratégica, repitiéndole insistentemente la misma pregunta sobre presuntos narcotraficantes hasta ocho veces, sin respetar las respuestas dadas ni el derecho del invitado a contestar solo lo que estime conveniente.
Esta contradicción no es un simple lapsus profesional: revela una doble moral flagrante, donde el respeto al control del discurso ajeno se aplica solo cuando le conviene, pero se convierte en hostigamiento obsesivo cuando se trata de ajustar cuentas personales, lo que no solo deslegitima su propia doctrina ética, sino que expone el verdadero motor de su conducta: no la búsqueda de la verdad, sino la venganza disfrazada de periodismo.
El contexto político y legal importa
En República Dominicana, los partidos políticos admiten candidaturas bajo requisitos formales establecidos por ley, entre ellos certificaciones de buena conducta emitidas por el Ministerio Público.
Muchos de los casos que hoy se mencionan públicamente corresponden a investigaciones posteriores a procesos electorales en los que no existían condenas. Pretender que el presidente de un partido admita públicamente si “conoce” a personas sometidas a procesos judiciales abiertos no es una pregunta inocente. Es una trampa narrativa.
La respuesta institucional de Paliza fue clara: el Ministerio Público actúa con independencia y quien viole la ley enfrenta consecuencias. Insistir más allá de eso no aporta claridad. Solo dramatiza.
El daño mayor
Cuando el público percibe que una entrevista está guiada por resentimiento personal, no solo se afecta la imagen del entrevistado. Se erosiona la credibilidad del periodismo. Y eso es grave. Porque el periodismo serio no necesita acorralar para cuestionar. No necesita repetir ocho veces para investigar. No necesita hostigar para fiscalizar. Cuando el micrófono se usa para ajustar cuentas, deja de servir a la democracia y comienza a servir al ego. Y esa degradación no puede normalizarse.
En conclusión,
Este episodio no es un mero incidente periodístico aislado, sino un agravio directo a la dignidad de un funcionario público y líder político que ha dedicado décadas al servicio del país con transparencia y compromiso. Ante esta clara violación de los principios éticos del periodismo —hostigamiento repetitivo, uso de rencor personal y doble moral—, los organismos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde su presidencia hasta su comisión de ética y comunicación, tienen la obligación moral y política de actuar con firmeza: deben presentar una protesta formal ante el medio que transmitió la entrevista, exigir una rectificación pública y, sobre todo, solicitar a Cristal Acevedo una disculpa expresa y sincera por el daño causado a la imagen de Jose Ignacio Paliza, al prestigio del partido y a la credibilidad del periodismo dominicano.
El silencio cómplice solo perpetuaría esta conducta tóxica; la respuesta institucional es el único camino para defender el respeto mutuo y la integridad que el PRM siempre ha proclamado.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico