Nuestra sociedad atraviesa una peligrosa encrucijada, una donde el sonido del gatillo amenaza con ahogar la voz de la justicia. Se nos quiere convencer de que la seguridad se construye sobre cadáveres y que el miedo es un sinónimo de orden. Pero una justicia que depende de la rabia del momento o del dolor de una víctima no es justicia; es el primer paso hacia la barbarie. Por eso existen las leyes y el debido proceso: para garantizar que nadie, ni el delincuente más avezado ni el agente de la ley, esté por encima de ellas. Renunciar a este principio es legitimar ejecuciones sumarias, disfrazadas bajo el eufemismo de “intercambios de disparos”, y retroceder a la ley primitiva del ojo por ojo.

Durante más de 25 años, en la República Dominicana se ha vendido la “mano dura” como la solución definitiva a la criminalidad. Desde la era de Candelier hasta hoy, esta política ha consistido, en la práctica, en una licencia para matar jóvenes de barrios marginados. Sin embargo, la pregunta es obligada: ¿ha resuelto algo? La respuesta es un rotundo no. Lo que ha producido es una maquinaria de represión selectiva que se ceba con los más vulnerables, mientras los verdaderos arquitectos del desorden social, quienes desfalcan el erario, evaden impuestos y perpetúan la pobreza, permanecen intocables en sus fortalezas de impunidad.

La verdadera madurez de una ciudadanía no se mide por su aplauso a la violencia estatal, sino por su capacidad para comprender el peligro que representa un Estado que se arroga el poder de decidir quién vive y quién muere. Cuando un policía viola la Constitución y ejecuta a un sospechoso en la calle, no solo comete un crimen. Se convierte en un delincuente de una categoría peor, pues utiliza la autoridad y el uniforme que le confiere el pueblo para destruir la confianza en las instituciones. Un ciudadano que delinque desafía la ley; un agente que la pisotea aniquila la propia idea de justicia.

Esta estrategia, que emula modelos autoritarios como el de Bukele, vende una ilusión de control a un alto costo humano. Es más fácil y mediático exhibir los cuerpos de jóvenes de 22 años que diseñar políticas públicas serias contra la desigualdad. Se utiliza a los pobres como chivos expiatorios de un fracaso colectivo, exterminando las consecuencias para no tener que enfrentar las causas. Quienes aplauden estas acciones creen ver héroes, pero lo que en realidad están aclamando son verdugos con uniforme, sostenidos por un sistema que prefiere limpiar las calles con sangre antes que con oportunidades.

Una democracia no se mide en el número de cadáveres que apila en la morgue, sino en la fortaleza de sus instituciones y en su compromiso con la igualdad. Un Estado que dispara primero y pregunta después no construye seguridad, sino un régimen de miedo. La verdadera fortaleza democrática no reside en la represión, sino en garantizar justicia imparcial y perseguir al corrupto con la misma energía con la que hoy se acorrala al desposeído.

Mientras el gatillo siga sustituyendo al juez, este país no avanza. Retrocede a sus capítulos más oscuros.

Edgar Caraballo