Una reflexión necesaria sobre la nueva medida del gobierno
Ni la guerra tocó los hospitales: ¿por qué lo haríamos nosotros?
La reciente medida anunciada por el presidente Luis Abinader de cobrar por los servicios de salud a los extranjeros indocumentados en los hospitales públicos ha generado una ola de reacciones encontradas en la sociedad dominicana. Más allá de las pasiones políticas o el discurso nacionalista, es necesario abordar esta decisión desde una perspectiva ética, histórica y legal.
A lo largo de la historia, incluso en las guerras más sangrientas, los hospitales han sido considerados espacios neutrales y sagrados. El Derecho Internacional Humanitario, consagrado en las Convenciones de Ginebra, establece que los centros médicos, su personal y sus pacientes deben estar protegidos, sin importar la nacionalidad, raza o estatus migratorio. Esta protección se extiende incluso a los buques hospital, que están exentos de ataques y deben ser utilizados exclusivamente con fines humanitarios.
La humanidad ha decidido, como principio civilizatorio, que la salud no puede ser parte de la contienda. Ningún conflicto, por complejo que sea, ha justificado privar a un ser humano del derecho a recibir atención médica cuando la necesita. ¿Cómo justificar entonces, en tiempos de paz, medidas que podrían alejar a madres embarazadas de sus chequeos prenatales o a pacientes en emergencia de una sala de urgencias por temor a ser rechazados, cobrados y en el peor de los casos deportados?
Este tipo de políticas podrían fomentar el ocultamiento de enfermedades, el aumento de partos improvisados en condiciones inadecuadas y, en última instancia, el deterioro del sistema de salud pública. Es un riesgo que no solo afecta a la población migrante, sino a toda la comunidad, en términos epidemiológicos y humanos.
Ahora bien, es justo reconocer que el Estado dominicano tiene el derecho —y el deber— de regular los flujos migratorios y proteger sus recursos. La presión que representa la inmigración irregular, especialmente en las provincias fronterizas y en los hospitales del Gran Santo Domingo, es real y debe ser atendida con firmeza y estrategia. En ese sentido, el presidente Abinader ha planteado una serie de medidas con el objetivo de controlar esta situación que, durante décadas, fue ignorada por los gobiernos anteriores.
El orden es necesario, pero nunca debe imponerse desde el desprecio o el castigo colectivo. Las medidas para reducir el número de inmigrantes ilegales deben ser racionales, justas, humanas y alejadas de las pasiones patrioteras que desdibujan el alma misma del dominicano solidario. No podemos permitir que el nacionalismo mal entendido nos haga perder la brújula moral.
No olvidemos que en el escudo de la República Dominicana, la palabra “Dios” está escrita por encima de todas las demás. No como adorno, sino como guía. Y si de verdad creemos en eso, debemos recordar siempre que ningún ser humano debe ser abandonado en su hora más vulnerable
Los hospitales no deben poner a nadie entre la espada y la pared, revise eso presidente Abinader.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico