Por Edgar Caraballo

Por décadas, el sistema de partidos políticos ha sido la columna vertebral de la democracia dominicana. Desde el retorno a la democracia en 1966, los partidos han enfrentado y superado innumerables desafíos, convirtiéndose en pilares fundamentales de estabilidad política y social. No obstante, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que permite las candidaturas independientes, ha puesto en jaque la estructura que por años ha sostenido nuestra democracia.

La decisión, que declara inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, amenaza con desarticular el sistema de partidos y abrir las puertas al caos electoral. Esta medida, no solo fomenta el transfuguismo, una práctica dañina que por años ha corroído nuestras instituciones, sino que además debilita la capacidad de los partidos políticos para organizar y depurar a sus candidatos.

El reconocimiento del sistema de partidos como eje de la democracia dominicana se ha visto reflejado en diversas reformas. El financiamiento público a los partidos políticos y la adopción del método D’Hondt para la distribución de escaños en las elecciones municipales y congresuales son ejemplos de cómo el país ha buscado fortalecer estas organizaciones. Estas medidas consolidaron a los partidos como guardianes de la representación popular y estabilizadores de las instituciones democráticas.

Sin embargo, persistía un problema endémico: el transfuguismo. Esta práctica, que permite a los candidatos cambiar de partido según conveniencia personal, ha generado desconfianza en el sistema y debilitado la institucionalidad. Para erradicarlo, se planteaba como solución otorgar a los partidos la propiedad de la postulación de candidaturas. Este paso, considerado clave para consolidar el sistema, ahora parece haberse truncado.

Candidaturas independientes: ¿solución o caos?

La decisión del Tribunal Constitucional ha sido recibida con escepticismo y preocupación. Si bien la figura de las candidaturas independientes podría, en teoría, fortalecer la participación ciudadana, en la práctica plantea desafíos casi insuperables. ¿Cómo administrará la Junta Central Electoral (JCE) una avalancha de candidatos independientes en un sistema ya de por sí complejo y saturado? La respuesta no es clara.

Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han advertido que esta medida podría desarticular el sistema de partidos y abrir las puertas a la influencia de fuerzas externas, como el dinero ilícito, en los procesos electorales. Por su parte, el destacados líder político, el expresidente Leonel Fernández, ha expresado su desacuerdo, calificando la decisión como una amenaza para la estabilidad democrática.

Un retroceso peligroso

El sistema de partidos no es perfecto, pero ha sido esencial para la estabilidad política del país. En lugar de fortalecerlo y resolver sus problemas internos, como el transfuguismo, la decisión del Tribunal Constitucional parece debilitarlo aún más, creando un escenario propicio para la fragmentación política y la inestabilidad.

La introducción de candidaturas independientes, en un contexto donde los partidos políticos son los principales garantes de la organización electoral, añade una capa de incertidumbre. ¿Será capaz la JCE de manejar este nuevo desafío? ¿Qué pasará con los recursos y la logística necesarios para supervisar un proceso electoral aún más fragmentado?

Un llamado a la acción

Es imperativo que la clase política reaccione con prontitud. Las reformas electorales y el fortalecimiento del sistema de partidos deben ser una prioridad para garantizar que la democracia dominicana no caiga en el desorden y la desconfianza. La estabilidad del país depende de un sistema de partidos sólido, capaz de canalizar la voluntad popular y mantener el orden institucional.

El Tribunal Constitucional, con esta decisión, no solo ha creado un problema técnico para la JCE, sino que también ha socavado años de trabajo y consenso en torno a la consolidación del sistema democrático. Es hora de que los actores políticos, la sociedad civil y los ciudadanos exijan una solución que evite que nuestra democracia retroceda y que se garantice la estabilidad que tanto nos ha costado construir.