La burocracia en el Ministerio de Administración Pública (MAP) está provocando que directores departamentales aparezcan en nómina como asesores.
Esta situación, conocida dentro del gobierno y, sobre todo, por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha generado molestias entre sus miembros. La principal queja radica en la dificultad para lograr un nombramiento debido a la burocracia y la lentitud de los procesos internos en el MAP, siendo considerado el ministerio más impopular del gobierno.
En los últimos días, la oposición ha cuestionado el supuesto alto número de asesores en algunas direcciones y ministerios. La realidad es que los ejecutivos de estas dependencias, como ministros y directores generales, desean rodearse de personas competentes y con experiencia del sector privado para un mejor desempeño de sus funciones. Sin embargo, se encuentran con la dificultad de no poder hacerlo porque la estructura vigente en muchas direcciones y ministerios no cuenta con las unidades creadas ni con los salarios adecuados para atraer a profesionales competentes.
Dado que todos los funcionarios están obligados a rendir resultados, se ven obligados a ingresar a estos profesionales como asesores para que puedan recibir un salario acorde con su capacidad y experiencia.
El vocero del Gobierno, Homero Figueroa, aseguró este jueves que la cantidad de asesores en los distintos ministerios y direcciones generales son en realidad personas que ocupan posiciones de dirección y que, por un tema burocrático con el MAP, han sido nombrados como asesores. Figueroa garantizó que estas personas están trabajando de manera continua y constante, y espera que el problema burocrático se resuelva lo antes posible.
“Ese es un dato que es una confusión porque esas personas ocupan posiciones de dirección; eso es un tema burocrático con el MAP, pero esas personas están en ejercicio continuo y constante. Son personas que están trabajando, son directores pero por asuntos burocráticos se les da esa denominación”, dijo Figueroa.
Más temprano, en una entrevista en el programa “La Mañana con Dary Terrero”, Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana, expresó sus inquietudes sobre la situación salarial en las instituciones gubernamentales. Señaló que los salarios ofrecidos no son competitivos para atraer a profesionales altamente capacitados. Como resultado, las instituciones se ven obligadas a contratar a estos profesionales como asesores, ya que los puestos tradicionales no ofrecen salarios adecuados. Rodríguez sugirió que se deben ajustar las escalas salariales para asegurar que las instituciones puedan contratar a los mejores talentos directamente en los puestos necesarios.
Rodríguez compartió su experiencia en la Autoridad Portuaria Dominicana respecto a la contratación de asesores. Explicó que, al llegar a la institución, encontró que no había mapas ni información detallada sobre los puertos, lo que dificultaba la gestión y la atracción de inversiones. Para solucionar esto, decidió crear una unidad de gestión predial, pero al no estar aprobada formalmente por el MAP, tuvo que contratar a un experto del sector privado como asesor. Este experto, con amplio conocimiento en el área, ha ayudado a titular prácticamente todos los puertos del país.
Rodríguez destacó que el salario para este asesor es de 150,000 pesos, una cifra modesta comparada con lo que podría ganar en el sector privado. Resaltó que esta contratación es necesaria para aportar capacidad y eficiencia al gobierno dominicano. Aunque en algunas instituciones podría haber abuso en la contratación de asesores, en su caso es una práctica esencial para operar eficientemente y obtener resultados en beneficio del país. Abogó por una discusión con el MAP para que las instituciones puedan tener la flexibilidad de contratar personal competente y mejorar así su operatividad.
La extrema burocracia y las limitaciones salariales impuestas por el MAP están generando una distorsión significativa en las nóminas de las instituciones públicas, obligando a muchos directores a contratar profesionales capacitados como asesores. Esta situación no solo perjudica la eficiencia institucional, sino que también crea percepciones erróneas sobre la gestión pública. Es imperativo que el MAP revise y ajuste sus políticas salariales y de contratación para permitir una mayor flexibilidad y atraer el talento necesario para mejorar el desempeño de las instituciones gubernamentales.
Edgar Caraballo