SANTO DOMINGO
La jueza Keyla Pérez Santana, de la Primera de Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidió mantener en prisión preventiva a cinco de seis imputados de la Operación Coral que solicitaron la revisión del caso, entre ellos, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado por el Ministerio Público de ser parte de un supuesto entramado de corrupción administrativa.
La magistrada entendió que la defensa no presentó los presupuestos y elementos suficientes para variar la medida a los señalados.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Este último no solicitó la revisión de la medida porque la semana que viene se le seguirá un proceso de auditoría en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Por este mismo caso, Raúl Alejandro Girón Jiménez guarda arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
“Una vez más el tribunal los mantiene en prisión preventiva y esto debe ser así, por que el Ministerio Público ha dicho desde el principio que de este caso tiene pruebas abrumadoras y fulminantes y se ha demostrado con la gran cantidad de presupuestos que trajimos frente a la defensa, que no trajo ninguno”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público.
Manifestó que en el día de hoy el Ministerio Público presentó testigos que dijeron cómo funcionaba el entramado criminal que está acusado de sustraer dinero del Estado a cambio de migajas. Sostuvo que existen nuevas pruebas que todavía no se pueden revelar.
De su lado, Félix Portes, abogado de Núñez de Aza, expresó que luego determinarán si apelan la decisión o si solicitan una revisión.
“Ella entendió (la jueza) que la mayoría no presentó presupuestos y en otros casos consideró que los mismos no eran suficientes”, indicó Portes.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
La acusación
Los imputados son procesados por supuestamente incurrir en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desmantelado con el caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del que Cáceres era director, y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.