En respuesta a cuestionamientos públicos y llamados a investigación, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha defendido la transparencia y justificación económica de su contrato de alquiler del Edificio Vista 311, que asciende a RD$1,400 millones por un periodo de diez años.
La OGTIC aclaró en un comunicado que el contrato incluye la adecuación y el mantenimiento del edificio, ocupando los pisos 6 al 10 en un modelo de «llave en mano.» La operación se realiza con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas, empresas públicas bajo el Grupo Reservas, lo que asegura que el dinero retornará a los fondos de pensiones administrados por el Estado.
La entidad dirigida por Bartolomé Pujals justificó que este modelo evita comprometer de una sola vez los fondos públicos para la compra de inmuebles, permitiendo que el Estado disponga de recursos para sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura. Este esquema financiero se argumenta como una práctica común en el sector público y privado, y fue aprobado por órganos de control, además de ser evaluado por la Superintendencia de Valores para asegurar conformidad con el mercado.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), encabezada por Máximo Calzado Reyes, ha solicitado que se investigue el contrato, calificando la contratación como un gasto excesivo de los fondos públicos.