Santo Domingo.– El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce este lunes la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo del Jet Set Club, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.
La audiencia es presidida por el magistrado Raymundo Mejía, quien dio inicio a los trabajos judiciales pasadas las 9:00 de la mañana, en contra de los propietarios y administradores del establecimiento comercial donde ocurrió el siniestro.
Durante la jornada, el juez también tiene previsto conocer una petición de diligencias presentada por los imputados y por la razón social Inversiones E y N S.R.L., mediante la cual solicitan la realización de un nuevo peritaje que permita determinar nuevamente las causas del colapso estructural del local.
La solicitud de contraperitaje fue interpuesta por los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, quienes representan a los hermanos Espaillat. No obstante, dicha petición no suspende ni detiene el conocimiento de la audiencia preliminar del proceso judicial.
La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el expediente figuran como querellantes y víctimas un total de 346 personas.
En la audiencia, el Ministerio Público está representado además por el procurador de Corte Héctor García Acevedo y los fiscales Magaly Sánchez, Miguel José Collado García y Rosa Ysabel Mejía.
Según la instancia acusatoria, los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Los fiscales sostienen que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios que garantizaran la resistencia de la edificación. Además, alegan que los acusados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de recursos por encima de los riesgos evidentes para la vida humana.