Santo Domingo. La Dirección General de Migración (DGM) informó que suspenderá temporalmente las repatriaciones de ciudadanos haitianos indocumentados durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, como parte de la tradicional “tregua navideña” que se aplica en el marco de las celebraciones de fin de año.
Esta medida, implementada desde hace varios años, busca respetar el espíritu festivo de estas fechas.
Mientras tanto, la crisis de seguridad en Haití continúa agravándose debido a la acción de bandas criminales, situación que sigue sin ser controlada por las fuerzas de seguridad locales ni por la misión multinacional liderada por Kenia.
Repatriaciones en cifras
De acuerdo con datos oficiales, desde el 1 de enero hasta el 23 de diciembre de este año, la DGM ha repatriado a 237,804 haitianos indocumentados. La cifra refleja un incremento significativo en comparación con los 174,602 deportados en 2023.
El presidente Luis Abinader había anunciado en octubre que el objetivo del Gobierno era repatriar a 10,000 haitianos semanalmente como parte de una estrategia para frenar la inmigración irregular y proteger la soberanía nacional.
Diferencia entre deportación y repatriación
La DGM aclaró que deportación y repatriación son términos distintos. La deportación implica un proceso formal donde se registran los datos del migrante, incluidas huellas dactilares y antecedentes. Por su parte, la repatriación se aplica a aquellos detenidos sin documentación cerca de la frontera y que son enviados directamente a su país sin registro.
Agresiones y refuerzo de seguridad
En los últimos meses, se han registrado incidentes donde haitianos indocumentados han agredido a agentes de Migración, destacándose un caso ocurrido el 10 de diciembre en Piantini, Distrito Nacional, donde un oficial resultó herido.
Ante esta situación, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la creación de una unidad especializada para reforzar la vigilancia fronteriza y la seguridad nacional.
La DGM reiteró su compromiso con la implementación de medidas que respeten los derechos humanos mientras garantizan el control migratorio en el país.