La reciente emisión de una circular por parte del Ministerio de Interior y Policía ha puesto en evidencia una de las contradicciones más serias —y peligrosas— en la administración pública local de República Dominicana: el limbo institucional en que operan los cuerpos de bomberos municipales.
La circular prohíbe de manera expresa el uso de camiones de bomberos para cualquier actividad que no esté directamente relacionada con situaciones de emergencia. Entre los usos restringidos están el llenado de piscinas privadas, el abastecimiento de agua a cisternas de uso comercial o doméstico, y las actividades recreativas o comunitarias no autorizadas.
Aunque la medida busca proteger la disponibilidad de equipos ante emergencias reales —lo cual es loable y necesario—, ha generado un serio conflicto operativo y político. ¿Por qué? Porque, mientras el Ministerio emite órdenes vinculantes, los bomberos son unidades dependientes de los ayuntamientos, y el jefe del cuerpo de bomberos (el intendente) responde directamente al alcalde. ¿A quién debe obedecer, entonces, cuando recibe una instrucción contraria a la circular?
Una estructura institucional frágil
Los cuerpos de bomberos en nuestro país operan bajo un modelo municipal, donde cada alcalde nombra al intendente. En la práctica, estos nombramientos obedecen muchas veces a criterios políticos, de lealtad partidaria o amiguismo, más que a méritos técnicos o experiencia en gestión de emergencias. Es decir, pocos intendentes han sido bomberos de carrera, y muchos llegan por vínculos de conveniencia, lo que compromete no solo la operatividad del servicio, sino también su independencia profesional.
Por otro lado, el Ministerio de Interior y Policía, a través de su Dirección de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos, ha asumido un rol de supervisión normativa. Pero al no tener la capacidad legal directa para nombrar o remover a los intendentes, sus disposiciones —por más bien intencionadas que sean— terminan chocando con la autoridad de los alcaldes.
Y en el medio de ese fuego cruzado, está el jefe del cuerpo de bomberos: presionado por su superior político local y condicionado por las regulaciones de un organismo nacional que lo puede sancionar, aunque no lo haya designado.
El uso de recursos públicos: entre necesidad y abuso
Durante años, los camiones de bomberos han sido utilizados en muchos municipios para suplir deficiencias estructurales del servicio de agua potable, limpieza o recreación. En barrios sin acceso regular a agua, un camión cisterna del cuerpo de bomberos suele ser la única opción para llenar una cisterna o abastecer un evento comunitario.
Si bien es cierto que muchos de estos usos no se corresponden con emergencias, también es cierto que en la práctica suplen una necesidad colectiva no resuelta por otras instituciones. Pero esto ha llevado a un uso excesivo —e incluso abusivo— de equipos que deberían estar siempre disponibles y en condiciones para responder a incendios o accidentes graves.
La circular del MIP busca frenar ese uso indebido, pero no ofrece alternativas ni establece mecanismos para cubrir esa demanda social insatisfecha. Además, coloca a los intendentes en una posición insostenible: si cumplen la circular, desobedecen al alcalde. Si hacen caso al alcalde, se arriesgan a sanciones o a la desautorización por parte del Ministerio.
Una solución que requiere voluntad política
La solución no puede ser el silencio ni la indiferencia. Esta crisis revela la necesidad urgente de una reforma profunda y estructural del sistema de bomberos en República Dominicana. Se requiere una legislación clara que establezca:
La independencia operativa y profesional de los cuerpos de bomberos.
Estándares nacionales de funcionamiento y protocolos para usos extraordinarios de los equipos.
Un sistema de designación basado en méritos y certificaciones técnicas, no en relaciones políticas.
Un presupuesto nacional complementario que garantice la operatividad real de todos los cuerpos del país, más allá de las capacidades de cada alcaldía.
Y, sobre todo, una instancia de coordinación legal que armonice las competencias del gobierno central y los gobiernos locales, evitando contradicciones como la que hoy estamos presenciando.
Llamado al Presidente
El Presidente de la República debe tomar cartas en el asunto. Esta no es solo una disputa administrativa menor. Estamos hablando de la capacidad de respuesta ante emergencias, de la transparencia en el uso de recursos públicos y de la dignidad de un cuerpo de servidores que merece respeto, apoyo y estructura institucional.
Existen proyectos e iniciativas que han buscado, por años, independizar y profesionalizar a los bomberos. Sin embargo, han encontrado resistencia en algunos sectores municipales que se benefician de manejar estas estructuras como botín político. Esa resistencia debe ser superada. La vida de los ciudadanos no puede seguir dependiendo de decisiones improvisadas, presiones partidarias o relaciones de lealtad.
La situación es crítica, y postergar la solución solo agudiza el problema. Mientras tanto, los bomberos seguirán atrapados entre dos fuegos: el de las emergencias reales, y el del fuego político que arde en la trastienda de nuestros ayuntamientos.
