Por Edgar Caraballo
El reciente suceso en Santiago, donde cinco ciudadanos murieron en un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales, ha despertado una comprensible indignación. Las miradas apuntan, una vez más, al DICRIM, una unidad señalada por métodos que en muchos casos rayan en lo extrajudicial: operativos desmedidos contra jóvenes pobres, etiquetados como delincuentes sin que medie un debido proceso.
Conviene precisar que no toda la institución policial actúa bajo ese manto de cuestionamiento. Por ejemplo, la Policía Preventiva y otras direcciones cumplen su rol sin ser objeto de estas denuncias. El problema específico, y más urgente, se concentra en el DICRIM, que opera en la frontera difusa entre la legalidad y la arbitrariedad.
Ante este caso, el presidente Luis Abinader y las ministra de interior, Faride Raful, han reaccionado con medidas inmediatas: suspensión y sometimiento de los agentes implicados, así como el inicio de una investigación a cargo del Ministerio Público. Son pasos que envían una señal de que la impunidad no puede ser la regla.
Es oportuno recordar que Abinader no encontró una Policía reformada en 2020. Por el contrario, heredó estructuras corroídas por décadas. Desde entonces, ha cumplido con la promesa de que ningún agente gane menos de 500 dólares, ha inyectado recursos en formación, equipamiento, nuevas leyes, uniformes, tecnología y vehículos. La reforma policial no es un decreto mágico: es un proceso de largo plazo, con resistencias, retrocesos y costos políticos.
Por eso, culpar al presidente Abinader y su administración de los problemas y vicios de la policía, como si fue el que “enganchó” esos policías que hoy generan escándalos es injusto. Esos agentes ingresaron bajo otras gestiones, con otras reglas y bajo otras culturas institucionales. Lo que corresponde ahora es sostener la reforma, incluso con decisiones drásticas como la eventual disolución del DICRIM, del mismo modo en que en su momento se eliminó la DICAN y el mundo no se acabó.
El desafío es claro: depurar, sancionar y reestructurar sin titubeos. El país necesita una Policía que responda a la ley y a la Constitución, no una que perpetúe la violencia como método de control social. Y en ese reto, Abinader ya escogió su camino: transformar la institución, cueste lo que cueste
