La ciudad de Nueva York elimina las sanciones penales para quienes ejercen el comercio informal sin licencia. Activistas celebran el paso como un acto de justicia social para miles de inmigrantes.
Nueva York. — La ciudad de Nueva York ha dado un giro histórico en su política hacia el comercio informal. Con la aprobación de la Ley 47, los vendedores ambulantes que trabajen sin licencia ya no serán arrestados ni enfrentarán cargos criminales. A partir de ahora, las infracciones serán tratadas como faltas civiles y sancionadas con multas administrativas.
La medida, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 30 de junio, busca corregir una política que durante décadas criminalizó a trabajadores de bajos ingresos, en su mayoría inmigrantes, por ejercer una actividad económica básica sin el respaldo de un permiso oficial.
“Nadie debería enfrentar la cárcel por vender tamales o flores en la acera. Esta ley es un paso hacia la dignidad”, declaró en sesión pública la concejal Carmen De La Rosa, una de las principales impulsoras de la iniciativa.
Un cambio con rostro humano
Más del 90 % de los vendedores ambulantes en la ciudad son inmigrantes, muchos de ellos latinos, asiáticos y africanos que encuentran en esta actividad una forma de subsistir. Hasta ahora, vender sin licencia podía implicar multas de hasta 1,000 dólares, decomiso de mercancía, fichas policiales y hasta tres meses de cárcel por reincidencia.
Organizaciones como el Street Vendor Project y el Urban Justice Center han luchado por años para revertir esta realidad. Para ellas, la nueva ley no solo representa un alivio legal, sino también una victoria moral frente a décadas de persecución.
“Criminalizar a quienes venden frutas o hot dogs es una forma de castigar la pobreza. La Ley 47 no resuelve todo, pero abre la puerta a una ciudad más justa”, señaló Mohamed Attia, director del Street Vendor Project.
Más derechos, pero también más controles
Sin embargo, la despenalización no implica la legalización total de la venta ambulante sin permiso. Las autoridades mantendrán la facultad de imponer multas civiles —aunque ya sin consecuencias penales—, y la cantidad de licencias sigue siendo extremadamente limitada en comparación con la demanda. Se estima que hay unos 20,000 vendedores informales, pero solo 5,100 permisos disponibles, muchos de ellos congelados desde hace décadas.
Además, sectores conservadores han criticado la medida, argumentando que puede afectar el orden público y la competencia leal con negocios formales.
“Celebramos que ya no se encarcele a los vendedores, pero también exigimos que se levante el tope de licencias y se detengan los decomisos abusivos”, expresó Ana María Archila, activista de derechos civiles.
Persisten desafíos
Pese al alivio que representa esta reforma, los desafíos persisten. Durante el año 2024, el Departamento de Salud y otras agencias municipales emitieron más de 9,300 citaciones a vendedores ambulantes. Muchos reportan que siguen siendo blanco de acoso, decomisos injustificados y multas múltiples en un mismo día.
“Hoy no me arrestan, pero mañana me quitan la mercancía”, denunció un vendedor dominicano en el barrio de Corona, citado por el medio City Limits. “La ley cambió en el papel, pero en la calle sigue la presión”.
Una ciudad que se redefine
La Ley 47 representa, más que una modificación legal, un cambio de paradigma. Nueva York reconoce así que los vendedores ambulantes no son delincuentes, sino parte del tejido económico y cultural de la ciudad.
La historia aún no está cerrada. Ahora la presión se traslada a los próximos pasos: aumentar las licencias disponibles, garantizar su acceso justo y frenar los operativos agresivos. La despenalización es solo el inicio de una discusión mayor sobre el derecho a trabajar y a existir en el espacio público.