Por Edgar Caraballo | Artículo de opinión
SANTO DOMINGO, RD.— Hay que tener una extraordinaria capacidad para descubrir en noviembre de 2026 lo que fue anunciado públicamente en febrero de 2022. Eso es lo que acaba de hacer Fuerza del Pueblo al presentar como un gran escándalo la ampliación de los programas de Supérate, una decisión que el presidente Luis Abinader comunicó desde la Asamblea Nacional durante su rendición de cuentas.
El exvicepresidente Rafael Alburquerque reclama una auditoría de la Cámara de Cuentas y una investigación de la PEPCA por la incorporación de 300 mil hogares a Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás. Su partido calcula RD$8,196 millones anuales. Auditar el uso de los fondos públicos es legítimo y necesario. Lo que no es legítimo intelectualmente es presentar el presupuesto de una política social como si, por su sola magnitud, fuera dinero robado.

El anuncio se hizo ante todo el país en 2022
El 27 de febrero de 2022, durante su discurso ante el Congreso Nacional, Abinader anunció 300 mil tarjetas adicionales de Supérate y la incorporación de otros 400 mil beneficiarios al Bonogás. Ese mismo día la Presidencia y la dirección de Supérate difundieron comunicados con los detalles, los montos y los objetivos de la medida. No fue una operación escondida ni un hallazgo de la oposición cuatro años después.

Conviene recordar también el período de esta gestión. Gloria Reyes asumió la dirección de Progresando con Solidaridad en agosto de 2020, encabezó su transformación en Supérate desde 2021 y, en julio de 2025, fue juramentada al frente de la Dirección de Desarrollo Social Supérate resultante de la fusión con ADESS. Su etapa concluyó con el Decreto 2-26, del 6 de enero de 2026, que designó a Mayra Jiménez como nueva directora de Supérate y a Reyes como ministra de la Mujer. Es una trayectoria institucional pública y documentada, no un programa que apareció de manera clandestina.
La documentación de aquel momento existe y es pública. Gloria Reyes, entonces directora de Supérate, explicó el 1 de marzo que el Bonogás incorporaría progresivamente a 400 mil personas y que el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ya había identificado a unas 200 mil. El 16 de marzo, el propio presidente encabezó el inicio de la entrega de nuevas tarjetas y la Presidencia afirmó que los nuevos hogares habían sido seleccionados a través del SIUBEN. ¿Dónde estaba Fuerza del Pueblo cuando todo esto se informó y se ejecutó frente a las cámaras?

Proteger a una familia de la indigencia es inversión social
El contexto importa. En 2022, la inflación internacional golpeaba especialmente a quienes destinaban casi todo su ingreso a alimentarse y cocinar. Ampliar Aliméntate y Bonogás significó llevar un alivio directo a familias vulnerables y contribuir a evitar que hogares en pobreza moderada descendieran a la pobreza extrema.
Esos recursos tienen un costo presupuestario, naturalmente. También lo tienen las escuelas, los hospitales y la seguridad ciudadana. Pero cuando el Estado financia alimentación y protege a los hogares frente a una crisis, no estamos ante un gasto improductivo por definición: estamos ante una inversión social cuya eficiencia y focalización deben medirse, no descalificarse de entrada.

La lucha contra el hambre no es una consigna
En octubre de 2026, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, reconoció que República Dominicana salió del Mapa del Hambre: la proporción de población con subalimentación se situó por debajo del 2.5 %, frente a más de 21 % dos décadas atrás. Ese resultado no pertenece a un solo programa ni a un solo gobierno; es producto de esfuerzos acumulados en producción, ingresos y protección social. Pero tampoco se puede negar que los subsidios focalizados forman parte de la respuesta pública para proteger la alimentación de los más vulnerables.

Auditar sí; confundir subsidios con corrupción, no
La Fuerza del Pueblo plantea un cuestionamiento específico: que determinadas incorporaciones se habrían realizado antes de completar su categorización por el SIUBEN. Esa afirmación debe examinarse con expedientes, registros, fechas y criterios de elegibilidad. Los anuncios de 2022 acreditan que la ampliación fue pública y que se informó la participación del SIUBEN; por sí solos no prueban que cada inclusión cumpliera todos los procedimientos.
Que se investigue cualquier anomalía real y que responda quien haya incumplido la ley. Pero no aceptemos el salto lógico de confundir los RD$8,196 millones que la oposición estima como costo anual de subsidios con RD$8,196 millones de corrupción. Son conceptos muy diferentes. Quien sostiene que hubo desvío o clientelismo debe aportar pruebas concretas, no limitarse a repetir el tamaño de una partida social.
Supérate no debe estar por encima de la fiscalización, pero tampoco sus beneficiarios deben convertirse en sospechosos por recibir ayuda. Las familias que necesitan alimentos y gas no son una irregularidad contable. Son la razón por la que el Estado tiene una política social.
Así que, señores de Fuerza del Pueblo: antes de salir a descubrir América en 2026, revisen lo que el presidente anunció en 2022. La oposición tiene pleno derecho a fiscalizar. Lo que no puede pretender es convertir una política pública conocida y anunciada en prueba de corrupción sin demostrar dónde estuvo la supuesta ilegalidad.
Documentos para contrastar los hechos
Presidencia, 27 de febrero de 2022: anuncio de 300 mil tarjetas
Supérate, 27 de febrero de 2022: 300 mil hogares y 400 mil beneficiarios de Bonogás
Supérate, 2 de marzo de 2022: Gloria Reyes y participación del SIUBEN
Presidencia, 16 de marzo de 2022: inicio de entrega de tarjetas
FAO, 28 de octubre de 2026: salida del Mapa del Hambre
CDN, 17 de noviembre de 2026: denuncia de la Fuerza del Pueblo
Presidencia: trayectoria de Gloria Reyes desde agosto de 2020 · Supérate: juramentación de julio de 2025 · Decreto 2-26, 6 de enero de 2026.


