Por Fidel E. Caraballo M.A.
¿Quiénes son las PPE?
En la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, hay un grupo que debe estar siempre bajo observación: las Personas Políticamente Expuestas, o PPE. Aunque el término puede sonar técnico, su significado y sus implicaciones son profundamente relevantes para cualquier ciudadano.
Una PPE no es alguien bajo sospecha automáticamente. Se refiere a personas que, por su cargo o influencia, manejan poder y recursos públicos. Estamos hablando de funcionarios actuales o pasados, como legisladores, ministros, jueces, altos militares y directivos de empresas estatales. También incluye a sus familiares cercanos y a algunos representantes de organismos internacionales.
¿Por qué es importante identificarlas?
Porque el poder sin control es terreno fértil para la corrupción. Estas personas, por su posición, están más expuestas a riesgos como el soborno, la malversación o el lavado de activos. Por eso, en lugar de tratarlas como a cualquier cliente, la ley exige que las instituciones financieras y otros actores privados las vigilen con especial atención.
No es persecución ni prejuicio. Es prevención.
Desde 2017, en República Dominicana está vigente la Ley 155-17 contra el lavado de activos. Esta norma obliga a los llamados “sujetos obligados” como bancos, aseguradoras, abogados y corredores inmobiliarios, a aplicar una “debida diligencia reforzada” cuando traten con una PPE.
Esto incluye conocer su perfil financiero, verificar el origen de sus fondos, monitorear sus movimientos y reportar cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Es un mecanismo para cerrar las puertas al dinero ilícito antes de que entre al sistema financiero.
El desafío de aplicar la norma
Aunque la ley es clara, su aplicación aún enfrenta obstáculos. Uno de los más grandes es que no siempre es fácil saber quién califica como PPE, sobre todo si operan a través de terceros o empresas fantasma.
De ahí que muchos expertos recomienden crear un registro público de PPE y fortalecer la capacitación de quienes deben aplicar los controles.
No es un tecnicismo. Es democracia
Pensar que este tema no nos toca es un error. La corrupción y el lavado de activos no solo afectan las arcas del Estado: destruyen la confianza pública, socavan la institucionalidad y alimentan la desigualdad.
Por eso, como ciudadanos, debemos ver con buenos ojos que existan controles estrictos sobre quienes manejan el poder. No se trata de etiquetar ni de acusar sin pruebas. Se trata de proteger lo que es de todos.
La próxima vez que oigas hablar de una “persona políticamente expuesta”, recuerda que no es un tecnicismo ajeno. Es una herramienta clave para proteger la transparencia, el dinero público y, en última instancia, nuestra democracia.