En respuesta al reportaje presentado por Nuria Piera el pasado sábado
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Santo Domingo.- El periodista Julio Martínez Pozo reveló que los cambios realizados a los pliegos de condiciones de la más reciente licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) no fueron una iniciativa de la actual gestión de esa institución, sino una solicitud expresa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La aclaración surge en respuesta al programa de la periodista Nuria Piera emitido el pasado sábado, donde se cuestionó la modificación de los pliegos con la insinuación de un supuesto favoritismo.
Durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, de RCC Media, Martínez Pozo aseguró tener en sus manos la comunicación oficial del Departamento de Monitoreo del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones en la que se plantean las observaciones.
“Hay algo de justicia que plantear en esto, es que esos cambios en los pliegos no fueron una iniciativa del INABIE. Esos cambios se llevaron a cabo a solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas”, sostuvo.
Según explicó, la DGCP hizo dos observaciones principales que motivaron la modificación:
1. Inconsistencia en el plazo contractual: El pliego original establecía un plazo de ejecución de 36 meses, pero a la vez señalaba que correspondía a los años escolares 2026-2027 y 2027-2028, es decir, solo dos periodos. La DGCP pidió corregir la incongruencia.
2. Barrera de entrada para nuevas cocinas y MiPymes: Este es el punto más polémico. El pliego exigía, por un lado, tres facturas a clientes finales del último año como prueba de experiencia en servicio de alimentación, y por otro, permitía presentar facturas de inversión inicial en equipos para nuevas cocinas.
Para Contrataciones Públicas, esa combinación generaba ambigüedad y se convertía en una barrera indirecta que impedía la participación de nuevas empresas, violando el principio de igualdad de trato y máxima concurrencia establecido en la Ley de Compras.
“La combinación puede generar ambigüedad para una empresa realmente nueva que instale cocina para este proceso. Puede resultar difícil acreditar factura de servicio del último año aunque tenga inversión real y capacidad instalada”, leyó Martínez Pozo de la comunicación.
La DGCP recomendó entonces precisar cómo se evaluaría la experiencia cuando se trate de nuevas cocinas, para que la exigencia de facturas no se convirtiera en un impedimento para que nuevas MiPymes entraran al mercado de suplidores del Estado.
Martínez Pozo concluyó que, con esta evidencia, debe excluirse cualquier cuestionamiento de que la modificación de los pliegos obedeciera a propósitos internos del INABIE, ya que se trató de una adecuación para cumplir con la normativa que rige el sistema de compras públicas.
“Esos pliegos se modificaron atendiendo a que Compras y Contrataciones entendía que se estaban haciendo exigencias que iban más allá de lo que planteaba la ley y sugirió esos cambios”, enfatizó.