El cambio de calificación jurídica en el caso Jet Set, de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual, constituye una decisión preocupante que obliga a preguntarnos hasta qué punto la justicia está actuando conforme a las pruebas y hasta dónde está cediendo ante la presión mediática y la sed de venganza de la opinión pública.
La tragedia es dolorosa e irreparable. Nadie discute el derecho de las víctimas y sus familiares a exigir justicia. Pero una cosa es establecer responsabilidades penales y otra muy distinta es forzar una calificación jurídica para satisfacer el clamor popular.
Hay un elemento que no puede ignorarse: los propios dueños del Jet Set eran clientes habituales del establecimiento, al que acudían junto a familiares y allegados. ¿Es razonable sostener que conocían un peligro mortal, que aceptaban conscientemente la posibilidad de un desplome y que, aun así, exponían sus propias vidas?
Conocer la existencia de goteras o problemas de mantenimiento no equivale a conocer una falla estructural capaz de provocar una catástrofe. En República Dominicana existen numerosas plazas comerciales de prestigio con filtraciones permanentes, sin que ello signifique necesariamente que sus propietarios sean conscientes de un riesgo de colapso o que por ella vayan a colapsar.
La negligencia debe investigarse y sancionarse cuando corresponda. Pero la negligencia no se convierte en dolo por la cantidad de víctimas ni por la intensidad de la indignación colectiva. Para atribuir dolo eventual hay que demostrar conocimiento del riesgo mortal y aceptación de sus consecuencias, no simplemente presumirlos a partir del resultado.
Lo verdaderamente peligroso es la impresión de que algunos actores del sistema judicial parecen más interesados en responder a la presión mediática que en preservar el rigor jurídico. Si esa es la motivación detrás de esta decisión, estaríamos ante una desviación gravísima de la función de la justicia.
Una justicia que modifica sus criterios para complacer a las multitudes deja de impartir justicia y comienza a administrar venganza.
El caso Jet Set merece una investigación rigurosa, responsabilidades claramente establecidas y sanciones ajustadas a derecho. Lo que no merece es que el dolor de una nación termine sirviendo de justificación para imponer una acusación más grave sin la demostración jurídica que exige.
El dolo eventual exige demostrar que una persona conocía la posibilidad de un resultado mortal y, aun así, aceptó ese riesgo. No basta con demostrar que había goteras, problemas de mantenimiento o modificaciones en la edificación.
Mucho menos puede presumirse esa aceptación simplemente porque el resultado fue devastador.
Porque cuando la presión mediática se impone sobre las pruebas y la mala intención sustituye la imparcialidad, el peligro ya no es solamente para los acusados del Jet Set: es para cualquier ciudadano que mañana tenga que enfrentar a esa misma justicia.
Artículo de opinión
Edgar Caraballo