Desde mi infancia, he escuchado un refrán muy arraigado en la cultura dominicana: «El dominicano es con lo que le coge». Si bien este dicho refleja una verdad cotidiana, podría adaptarse con igual pertinencia al ámbito de la política dominicana, particularmente a la oposición, con una variante precisa: «La oposición es con lo que le coge». Este parece ser el modus operandi de ciertos sectores que, en los últimos días, han dirigido sus críticas de manera tendenciosa y poco reflexiva hacia Faride Raful, Ministra de Interior y Policía, señalándola como la responsable de cualquier incidente que involucre a agentes de la Policía Nacional y que alcance notoriedad en los medios de comunicación. Sin un análisis riguroso ni un esfuerzo serio por investigar, alzan la voz de inmediato con un grito recurrente: «¡Faride y la reforma!».
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es esto realmente justo? Para responder, es necesario retroceder en el tiempo y examinar el contexto histórico.
La oposición que hoy se muestra tan vehemente en sus reclamos de buen desempeño tuvo las riendas del país entre 2004 y 2020 bajo las gestiones del PLD-FP. Durante ese período, dejó tras de sí una Policía Nacional aquejada por profundos problemas estructurales. Fue en esos años cuando se permitió el ingreso a sus filas de personal que, en muchos casos, no cumplía con los criterios necesarios para desempeñar tan delicada función. No es un dato menor que la mayoría de los suboficiales que actualmente integran la institución hayan sido reclutados bajo esas administraciones.
Por contraste, el presidente Luis Abinader ha demostrado un compromiso serio con la seguridad interna y la reforma policial desde el inicio de su gestión. Una de sus primeras medidas, fiel a su promesa de campaña, fue garantizar que ningún policía perciba un salario inferior a 500 dólares —equivalente a cerca de 30,000 pesos dominicanos—, un paso significativo hacia la dignificación de la carrera policial y la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que visten el uniforme gris. Hablando de ese gris, el gobierno también ha impulsado cambios tangibles en la institución, como la renovación de los uniformes. Aunque algunos puedan considerarlo un detalle menor, este gesto tiene un trasfondo simbólico: busca desvincular en el imaginario colectivo a la Policía actual de aquella asociada a tiempos de violencia y arbitrariedad, promoviendo una imagen de una fuerza más ciudadana y cercana a la población.
A esto se suman iniciativas de mayor calado, como la creación de nuevas academias para una formación más rigurosa y la actualización de las normativas en materia de leyes y procedimientos generales. Estos esfuerzos reflejan una voluntad de transformación que va más allá de lo superficial, atacando las raíces de los problemas heredados.
La oposición, que hoy se dedica a señalar con dedo acusador, tuvo 16 años para emprender una reforma policial y no lo hizo. En cambio, el actual gobierno, con Faride Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía desde hace apenas cuatro meses, ha mostrado un compromiso real con este proceso, comenzando por los fundamentos y avanzando hacia cambios estructurales de mayor profundidad.
Por tanto, resulta injusto atribuir a la ministra Raful la responsabilidad de problemas que son el legado de gestiones anteriores. Este gobierno está realizando esfuerzos concretos para cambiar la realidad de la Policía Nacional, y culpar a una funcionaria que apenas inicia su labor en el cargo es, en el mejor de los casos, una muestra de oportunismo político y, en el peor, una falta de seriedad en el análisis. La reforma policial es un camino largo y complejo, pero los primeros pasos ya se han dado. Corresponde ahora evaluar los resultados con objetividad, no con prejuicios.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico