Comunitarios han expresado preocupación por la situación jurídica y el posible cambio de uso de terrenos del kilómetro 17 de la autopista Duarte. Piden que se esclarezcan los antecedentes registrales y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO, RD.— La situación de unos terrenos ubicados en el kilómetro 17 de la autopista Duarte generó cuestionamientos de residentes y defensores de espacios verdes durante la etapa final de la gestión municipal 2020-2024. La controversia gira en torno a la condición jurídica del área, su aprovechamiento y las actuaciones administrativas relacionadas con ella.
Según planteamientos de comunitarios recogidos por este medio, el espacio había sido identificado durante años como parte del entorno verde de la zona. También surgieron interrogantes sobre la existencia de títulos de propiedad privados y sobre eventuales autorizaciones para intervenir el terreno. Esas inquietudes requieren contrastarse con documentos registrales, permisos y decisiones oficiales antes de establecer conclusiones.
Titularidad y protección del terreno
Para determinar si un terreno pertenece al patrimonio público, cuenta con una protección ambiental específica o es de titularidad privada, resulta necesario examinar la documentación correspondiente: títulos y deslindes, planos, antecedentes de ocupación, registros municipales y disposiciones ambientales aplicables. La percepción de que un espacio es de uso común, por sí sola, no resuelve su situación jurídica.
La información disponible al momento de la publicación original no permite afirmar que se hayan emitido títulos fraudulentos ni que exista una transferencia ilegal de propiedad. Cualquier alegación de presuntas irregularidades debe ser investigada y contrastada por las instituciones con competencia para ello.
Preguntas sobre las decisiones municipales

Parte de la discusión pública se ha centrado en las actuaciones del Concejo de Regidores y en posibles decisiones sobre el uso de suelo. Para precisar qué se aprobó, cuándo y con qué alcance, deben examinarse las convocatorias, actas de sesión, resoluciones, expedientes técnicos y resultados de las votaciones.
Es importante distinguir entre una autorización municipal de uso de suelo y una operación de transferencia de propiedad: no son actos equivalentes. Tampoco una votación, por sí sola, demuestra que un regidor haya cometido una infracción. Las valoraciones sobre la legalidad de las decisiones deben partir de los documentos y de la normativa aplicable.
Preocupación comunitaria y solicitud de transparencia
Las inquietudes expresadas por residentes ponen de relieve la importancia de ofrecer información clara sobre el destino de los espacios de valor ambiental y sobre las decisiones que puedan afectar a las comunidades. Corresponde a las autoridades explicar la clasificación de los terrenos, las autorizaciones existentes y los mecanismos de protección que resulten pertinentes.
Este medio considera de interés público que se hagan accesibles los expedientes correspondientes y que, de existir denuncias formales sobre presuntas irregularidades, sean examinadas con las debidas garantías. Hasta que existan pruebas verificables o determinaciones de las autoridades competentes, no corresponde presentar señalamientos como delitos demostrados ni atribuir responsabilidades penales individuales.
849 Noticias mantiene abierto el espacio para incorporar documentos y publicar las aclaraciones o respuestas de las autoridades municipales, de las instituciones ambientales y de cualquier persona o entidad mencionada en relación con este asunto.
Edgar Caraballo
849Noticias.com

