SANTO DOMINGO.– El proceso penal contra el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de una menor con la que tenía vínculos familiares, vuelve a generar polémica tras la decisión judicial que le otorgó un permiso laboral para impartir docencia en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD).

La medida, emitida en junio por el juez de Ejecución de la Pena José Manuel Arias, le permite salir de la cárcel de Azua para trabajar como profesor y cumplir prisión domiciliaria los fines de semana y días feriados. Sin embargo, la resolución ha sido apelada por una de las querellantes, con apoyo del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), bajo acusaciones de irregularidades y violaciones al debido proceso.

Cuestionamientos legales y éticos

El recurso denuncia que el juez basó parte de su decisión en un supuesto “desistimiento” de la madre de la víctima, quien, lejos de ser querellante, figura como coimputada por haber obstaculizado la investigación. Los abogados insisten en que el magistrado erró al darle valor procesal a esa declaración, que no corresponde a la naturaleza del expediente.

Además, se cuestiona la idoneidad de Santana Cuevas para impartir docencia en el CARD, ya que la Ley 03-19 prohíbe expresamente la incorporación de personas condenadas penalmente al Colegio de Abogados o al ejercicio docente en esa institución. Pese a esta prohibición, el tribunal valoró su condición de abogado y su “buen comportamiento” en prisión como criterios para otorgar el beneficio.

Una decisión que hiere la confianza pública

El caso de Santana Cuevas arrastra sombras desde 2018, cuando se denunció que sectores procuraban “engavetar” la investigación. A lo largo del proceso, juezas se inhibieron por presiones externas y la defensa del condenado intentó en múltiples ocasiones influir en el curso judicial. Finalmente, la condena fue ratificada en todas las instancias, incluida la Suprema Corte de Justicia.

Que un condenado por violación sexual, cuya víctima fue una menor, sea autorizado a dar clases en el gremio de abogados del país, no solo genera indignación en sectores sociales y jurídicos, sino que además contradice el espíritu de las leyes vigentes.

El debate pendiente

La resolución del juez Arias cita el principio constitucional de la reinserción social de los condenados como fundamento. Sin embargo, para críticos de la medida, este argumento no puede ser interpretado de manera aislada ni en detrimento de la protección de las víctimas, la credibilidad institucional y el respeto a la legalidad.

El caso de Donni Santana pone nuevamente en evidencia las tensiones entre el discurso de “resocialización” y la percepción ciudadana de impunidad selectiva en favor de exfuncionarios con poder político y conexiones.