Santo Domingo, — El Ministerio Público del Distrito Nacional recibió el pasado 2 de julio la primera solicitud formal de archivo definitivo en la querella interpuesta contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de presunta difamación e injuria en perjuicio del también comunicador Varga Vila Riverón.
La decisión surge tras un acto público de conciliación realizado en el programa «Tu Mañana», donde Martínez ofreció disculpas tanto a Varga Vila como a la comunicadora Colombia Alcántara. Las partes involucradas aceptaron las disculpas, se dieron un abrazo simbólico y acordaron cerrar el capítulo que dio origen al conflicto mediático.
El abogado Julio César Fernández, defensor de Martínez, valoró positivamente el cierre del proceso, considerando que las controversias «no tendrían resultado ni beneficio para ninguna de las partes». A su juicio, el conflicto reflejaba un choque entre dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al honor, ambos protegidos por la Constitución y que «en ningún país democrático se castigan con prisión».
Críticas al manejo del caso
Fernández no escatimó críticas hacia el accionar del Ministerio Público, asegurando que el caso «se ha manejado totalmente de manera ilegal», violentando principios del debido proceso y recurriendo, según él, a un abuso de poder en perjuicio de su cliente.
Además, denunció una práctica común entre algunos abogados que incentivan querellas por difamación a sabiendas de su inviabilidad, cobrando por adelantado y luego recomendando acuerdos sin reembolso de honorarios.
También recordó que Martínez reside en Estados Unidos, desde donde transmite vía YouTube, amparado bajo la Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana, por lo que procesos judiciales por difamación son difíciles de sostener. Agregó que el Tratado de Budapest, en materia de ciberdelitos, no contempla sanciones por difamación, lo que debilita aún más cualquier intento legal.
“Papeles vacíos” y advertencia a querellantes
Fernández advirtió que quienes insistan en demandas podrían terminar con «papeles vacíos» si lograran una condena civil dentro de varios años, al no poder ejecutarla contra bienes inexistentes. Señaló que Ángel Martínez no posee propiedades en República Dominicana, y presume que tampoco en EE.UU., lo que haría inefectiva cualquier sentencia.
Por ello, recomendó a potenciales querellantes «no perder tiempo ni recursos» y, en cambio, optar por acuerdos tempranos. Afirmó que continuar litigando «solo los desgasta emocional y económicamente», y que una eventual victoria de Martínez podría incluso agravar la situación jurídica de los acusadores.
Finalmente, elogió la actitud de Varga Vila Riverón por desistir del caso, calificándola como “lo más atinado y conveniente”. Asimismo, envió un mensaje a funcionarios del gobierno dominicano, pidiéndoles «dejar sus ñoñerías» y no seguir avivando una controversia que “solo le suma ruido negativo al gobierno”.
“Regocíjense que a ese viejo le pase algo en este país y sea necesario pagarlo como nuevo”, concluyó Fernández de forma enfática, en alusión a los posibles costos que podría generar al Estado un proceso judicial innecesario.