Hay algo que debemos empezar a decir sin miedo y sin eufemismos: eso no es justicia.

En lo que va de 2026, al menos 173 personas han muerto en la República Dominicana durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Septiembre registra un aumento notable con 16 fallecidos en operativos recientes, sumando 14 muertes solo en los últimos ocho día.

La Policía Nacional no puede convertirse en una institución que, bajo la excusa de combatir la delincuencia, termine reproduciendo las mismas prácticas que dice combatir. Un uniforme no otorga licencia para matar, ni el poder que le confiere la Constitución puede convertirse en una patente para actuar al margen de la ley.

Resulta particularmente grave cuando hablamos de delincuentes que durante años actuaron bajo la anuencia, la complicidad o, cuando menos, la vista gorda de quienes tenían la responsabilidad de perseguirlos. Y luego, cuando llega el momento de enfrentarlos, aparecen las redadas sin la debida presencia del Ministerio Público, los supuestos intercambios de disparos, las escenas que generan más preguntas que respuestas y los cuerpos lanzados en la parte trasera de una camioneta.

Eso no es un Estado de derecho.

Eso nos devuelve a prácticas que creíamos superadas, propias de los años 70, cuando los gobiernos autoritarios entendían que al adversario se le combatía con la fuerza y no con la ley.

Y aquí está la gran contradicción: durante años, el Estado permitió que determinados sectores de la delincuencia crecieran en barrios abandonados, donde la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y la ausencia institucional hicieron su trabajo. Y ahora, cuando esa delincuencia se convierte en un problema que amenaza al propio Estado, la respuesta parece reducirse a perseguirla y eliminarla.

El Apoyo a estas Prácticas

Y a quienes hoy celebran estas prácticas porque “se lo buscaron”, también hay que decirles algo: cuidado con lo que estamos celebrando. Hoy puede que la muerte de un delincuente les resuelva un problema, pero mañana estamos creando un país donde la Policía puede decidir quién vive y quién muere sin rendir cuentas.

No se trata de defender delincuentes. Se trata de defender el país que vamos a dejarles a nuestros hijos y nietos. Porque cuando una sociedad acepta que la ley se puede violar porque la víctima “lo merecía”, tarde o temprano alguien tendrá que decidir quién merece ser víctima.

Y cuando esa puerta se abre, nadie sabe quién será el próximo.

La seguridad ciudadana no puede construirse sobre ejecuciones, abusos ni impunidad.

Porque si para combatir al delincuente el Estado termina comportándose como delincuente, entonces hemos perdido algo mucho más importante que una batalla contra el crimen: hemos perdido la diferencia entre quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza y quien simplemente tiene la fuerza.

El país necesita una Policía fuerte, sí. Necesita perseguir al delincuente, sí. Necesita recuperar el control de los territorios, también.

Pero precisamente porque tiene ese poder, la Policía tiene que estar sometida a la ley más que cualquier ciudadano.

Como Mensaje Final y Como Advertencia

Vivimos en un mundo globalizado. Rodrigo Duterte creyó que podía hacerlo todo en procura de una causa que consideraba legítima, y terminó enfrentando las consecuencias ante la justicia.

La lección para nosotros debería ser mucho más sencilla: ningún gobierno, ninguna institución y ningún uniforme está por encima de la ley.

Porque hoy puede parecer conveniente cerrar los ojos ante los excesos porque se trata de delincuentes. Pero mañana el poder puede cambiar de manos, y cuando eso ocurre, las reglas que permitimos romper para perseguir al enemigo pueden terminar utilizándose contra nosotros mismos.

El Estado tiene que combatir la delincuencia, pero sin convertirse en aquello que juró combatir. Porque cuando la autoridad pierde el límite de la ley, deja de administrar justicia y comienza a administrar miedo.

Y un país no se desarrolla cuando sus ciudadanos tienen miedo de los delincuentes; mucho menos cuando también tienen razones para tenerle miedo a quienes deben protegerlos.

Edgar Caraballo