Cuando la Ley Protege más que Repara
El 8 de abril de 2025, la República Dominicana fue sacudida por una tragedia sin precedentes cuando el techo del emblemático Jet Set Club en Santo Domingo colapsó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez. El desastre dejó un saldo devastador de 226 personas fallecidas y 189 heridas, convirtiéndose en una de las peores catástrofes no naturales en la historia del país
El Jet Set Club está registrado bajo INVERSIONES E Y L, S.R.L., una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) según la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). En la República Dominicana, las SRL, reguladas por la Ley No. 479-08, limitan la responsabilidad de los socios al monto de sus aportaciones, protegiendo su patrimonio personal frente a las deudas de la sociedad. Esto implica que, salvo que se demuestre dolo, fraude o mala fe, los bienes personales de los socios —incluyendo figuras como Antonio Espaillat, vinculado públicamente al establecimiento— no podrán ser utilizados para indemnizaciones.
La figura del «velo corporativo» complica la atribución de responsabilidades. En los tribunales, señalar a un presunto culpable no es suficiente; se requiere evidencia documental y testimonial sólida para levantar esta protección legal y responsabilizar personalmente a los socios. Con el inmueble del Jet Set Club reducido a escombros, los activos disponibles para compensaciones podrían ser insuficientes, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad.
La responsabilidad: un camino incierto
La atención pública se ha centrado en Antonio Espaillat, cuya imagen y declaraciones han alimentado especulaciones sobre su rol en la tragedia. Sin embargo, su responsabilidad legal depende de su participación societaria en INVERSIONES E Y L, S.R.L. y de pruebas que demuestren negligencia o actuación dolosa. La legislación dominicana exige un análisis riguroso para determinar si la estructura societaria fue utilizada de manera fraudulenta, un proceso que puede ser prolongado y complejo.
El principio «Dura lex, sed lex» —la ley es dura, pero es la ley— resuena en este contexto. Aunque la indignación pública es comprensible, las normas legales priorizan la evidencia sobre las percepciones. Las víctimas, atrapadas entre el dolor y la incertidumbre, enfrentan la posibilidad de que la justicia no sea tan expedita ni completa como esperan.
Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las causas del colapso y determinar responsabilidades. Este proceso, que incluye el examen de documentos, peritajes y testimonios, será crucial para establecer si hubo omisiones o irregularidades que justifiquen sanciones civiles o penales. La transparencia y el rigor en estas indagaciones son esenciales para garantizar que la tragedia no quede impune y que las víctimas reciban el apoyo necesario.
La catástrofe del Jet Set Club no solo ha dejado un vacío en innumerables familias, sino que también pondrá a prueba los límites del sistema legal dominicano. La protección que ofrece la estructura de una SRL, aunque fundamental para el dinamismo empresarial, no debe convertirse en un escudo para evadir responsabilidades. Mientras los tribunales desentrañan las complejidades del caso, la sociedad espera que la justicia prevalezca, asegurando que los responsables rindan cuentas y que las víctimas encuentren un camino hacia la reparación. En este doloroso capítulo, la equidad y la transparencia serán clave para restaurar la confianza en un sistema puesto a prueba por la tragedia.
LEY 479-08
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico