La destitución de Rafael Santos Pérez como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), mediante el Decreto 652-25, no es solamente un cambio administrativo: es la consecuencia inevitable de una negligencia inexcusable que puso en riesgo a miles de ciudadanos y dejó en evidencia fallas graves en la gestión del sistema de transporte más importante del país.
El pasado martes, durante el apagón general que afectó a toda la República Dominicana, el Metro de Santo Domingo quedó completamente fuera de servicio. Los pasajeros, entre ellos niños, mujeres embarazadas y envejecientes, tuvieron que ser evacuados por túneles, rieles y viaductos, caminando en zonas de alto riesgo. Una escena que no corresponde a un país que presume de tener uno de los sistemas de transporte masivo más modernos de la región.
Lo verdaderamente escandaloso no fue el apagón nacional —que ya de por sí requiere explicaciones—, sino la respuesta que ofreció la propia OPRET: todas las plantas de emergencia del Metro estaban en mantenimiento.
Y no hablamos de una o dos. Según datos oficiales confirmados por el propio Santos, el Metro cuenta con 18 plantas de emergencia, cada una de 2.2 megavatios, para un total de 39.6 MW, además de una planta principal de 40 MW en los talleres de la institución.
Aun así, ninguna entró en funcionamiento de inmediato. No había energía. No había respaldo. No había plan.
Esto no tiene justificación técnica posible. En ningún sistema de transporte del mundo se programan mantenimientos simultáneos que dejen inoperante el 100% del sistema de respaldo. Eso no es mantenimiento: es incompetencia. Y en países donde la responsabilidad pública es entendida con rigor —como China—, un fallo de esta magnitud habría implicado consecuencias mucho más severas que una simple destitución.
Una falta moral, técnica y administrativa
Lo ocurrido no es solo un error operativo. Es una falta moral.
Una traición al deber público.
Una negligencia que puso en peligro vidas humanas.
Rafael Santos Pérez, un abogado con formación en administración —no un ingeniero— fue designado para dirigir una institución que opera infraestructura altamente técnica. Y lo peor del caso es que permitió que todo el sistema de respaldo del Metro quedara fuera de servicio simultáneamente, sin garantizar un plan alterno, sin supervisión adecuada y sin prever los riesgos.
Es imposible no condenar moralmente una gestión que expuso a ciudadanos inocentes y dejó un pasivo político innecesario al Gobierno.
Porque este incidente no afecta solo a la OPRET. Afecta directamente al presidente Abinader, quien deberá cargar con el costo de una crisis que nunca debió ocurrir. El país espera —y merece— que las instituciones estratégicas estén dirigidas por técnicos competentes y no por funcionarios que improvisen en áreas donde no hay espacio para el error.
Una lección para el Estado dominicano
El Metro es infraestructura crítica. Su operación no admite descuidos. Los sistemas de respaldo existen para evitar exactamente lo que ocurrió: quedar a oscuras, indefensos y sin control durante una emergencia nacional.
La destitución era necesaria, pero no es suficiente. Este caso debe servir como punto de inflexión:
- para que se depuren responsabilidades internas,
- para que se fortalezcan los protocolos de mantenimiento,
- para que nunca más toda la red quede vulnerable,
- y para que se entienda que dirigir una institución técnica requiere liderazgo técnico, no improvisación.
Lo que pasó en el Metro fue un fracaso de gestión. Uno grave.
Y como tal, merece una condena firme y pública.
Porque si esto hubiese ocurrido en China, ya todos sabemos cuál habría sido el desenlace.
Abinader: firmeza sin complicidades
A pesar de lo ocurrido, corresponde reconocer al presidente Luis Abinader por actuar con firmeza en lugar de apañar una situación que fácilmente pudo justificar por afinidades políticas. Pudo mirar hacia otro lado; pudo proteger a un compañero de partido; pudo caer en la vieja costumbre dominicana de la complicidad institucional. Pero no lo hizo. Abinader cumplió con su palabra: designó a alguien que dijo poder asumir la responsabilidad del cargo, y cuando ese funcionario le falló —y de qué manera—, el presidente actuó sin titubeos. Ese es el liderazgo que diferencia a un gobernante de un cómplice. Y en esto, como suele decirse, Abinader podrá tener amigos… pero no tiene cómplices.
Edgar Caraballo
Ingeniero Electromecánico