Santo Domingo — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció que el Ministerio Público intensificará sus esfuerzos para garantizar el cobro de las multas de tránsito como parte de una estrategia integral para reducir los accidentes viales y fomentar una mayor conciencia sobre el régimen de consecuencias entre los conductores.
Durante la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, celebrada el pasado sábado en la sede de la Procuraduría General, Reynoso destacó que solo el 35 % de las multas de tránsito son efectivamente cobradas en el país. Esta baja recaudación, advirtió, representa un incentivo para que muchos conductores ignoren las normas de tránsito. «Hay personas que acumulan más de 300 multas sin pagar, las cuales terminan prescribiendo bajo el marco jurídico actual», lamentó.
La jefa del Ministerio Público propuso reformar la legislación vigente para que estas sanciones se conviertan en créditos a favor del Estado, acumulen mora y no prescriban en caso de impago. «Debemos fortalecer el sistema para que las consecuencias sean reales y efectivas», afirmó.
En el mismo encuentro, Reynoso abordó la necesidad de ejecutar con prontitud las garantías económicas impuestas a procesados que han sido declarados en rebeldía. “Cuando se declara la rebeldía de un imputado, el siguiente paso debe ser la solicitud de ejecución de la garantía económica, sin demora”, puntualizó.
La reunión estuvo encabezada por los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y contó con la participación de procuradores adjuntos, regionales, especializados y demás representantes de las distintas áreas institucionales. Durante la jornada se presentaron avances y planes en materia de tecnología, gestión humana, planificación y finanzas, como parte del enfoque estratégico de la actual gestión.
Reynoso subrayó que esta convocatoria busca alinear a todos los actores del Ministerio Público en torno a una visión holística orientada a resultados, con el objetivo de fortalecer el rol de la institución en el Estado de derecho y en la administración de justicia. “Las perspectivas y experiencias de cada miembro son esenciales para consolidar una justicia efectiva y confiable para toda la sociedad”, concluyó.