El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes la «Ley Libertador Simón Bolívar», que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa, aprobada un día antes por el Parlamento, controlado por el oficialismo, también contempla inhabilitaciones políticas por 60 años y multas de hasta un millón de dólares.
Maduro, durante un acto transmitido en cadena nacional, declaró que la ley busca «hacer justicia» y defender al país frente a las sanciones promovidas por Estados Unidos y sus aliados. «Es una ley para vencer todas las amenazas, todos los bloqueos, del imperialismo norteamericano», afirmó.
La legislación establece que cualquier ciudadano que «promueva, solicite o respalde medidas coercitivas unilaterales» será procesado, incluso en ausencia, según el texto.
La promulgación de la ley ocurre en medio de tensiones por la controvertida reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como fraudulenta por la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, quien reivindica la victoria del candidato Edmundo González Urrutia.
Por su parte, la norma es interpretada como una respuesta a un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU., conocido como Ley BOLIVAR, que busca fortalecer las sanciones contra el gobierno de Maduro al restringir contratos con entidades vinculadas al régimen. Este proyecto aún está en discusión en el Senado estadounidense.
La oposición venezolana calificó la ley como un intento de intimidación y un retroceso en los derechos civiles y políticos. Machado declaró que “esta medida es un reflejo del temor del régimen a la presión internacional y a la fuerza de un pueblo que exige cambio”.
Mientras tanto, analistas internacionales advierten que la ley podría generar mayores tensiones diplomáticas y profundizar la crisis económica y social que afecta al país sudamericano.