La respuesta comienza a despejarse en el terreno judicial. Mientras en los medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales el se\u00f1or Juan Antonio Capell\u00e1n Nin encabeza virulentos se\u00f1alamientos contra la gesti\u00f3n del INABIE, en los tribunales su realidad es radicalmente opuesta. Capell\u00e1n Nin no comparece ante el sistema judicial como fiscalizador ni como modelo de integridad, sino como imputado formal en un grave expediente penal que pone en entredicho su propia solvencia \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con una querella penal con constituci\u00f3n en actor civil recibida formalmente en fecha 20 de agosto de 2026 por la Fiscal\u00eda del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, el principal acusador del INABIE enfrenta acusaciones por presunta violaci\u00f3n a los art\u00edculos 237 y 238 (numerales 3 y 7) del C\u00f3digo Penal dominicano sobre estafa agravada, as\u00ed como al art\u00edculo 362 relativo a la falsificaci\u00f3n e imitaci\u00f3n de t\u00edtulos del Estado y uso de documentos de identidad alterados<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n La instancia penal, interpuesta por la abogada Ursulina Feline Quezada Figueroa a trav\u00e9s de su representante legal, Lic. Jes\u00fas Pi\u00f1a Tav\u00e1rez, expone un reiterado esquema de maniobras fraudulentas con ventas de terrenos inexistentes, suplantaci\u00f3n de propietarios y t\u00edtulos falsos, a trav\u00e9s del cual presuntamente se caus\u00f3 un perjuicio patrimonial que asciende a RD$12,000,000.00<\/strong><\/sup>. El expediente se\u00f1ala, adem\u00e1s, que la propia oficina jur\u00eddica del querellado serv\u00eda presuntamente como centro operativo para instrumentar estos enga\u00f1os<\/sup>, raz\u00f3n por la cual la parte afectada ha solicitado al Ministerio P\u00fablico una orden de arresto y la medida de coerci\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva en su contra<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n El contraste es demoledor y la ciudadan\u00eda no puede ser ingenua. Resulta una contradicci\u00f3n inaceptable pretender dar lecciones de pulcritud en las compras estatales cuando es la propia conducta la que se encuentra bajo el rigor de una investigaci\u00f3n penal por presunto fraude y falsedad documental.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Cuando los controles institucionales cierran las puertas al chantaje y desarticulan los esquemas que antes operaban en las sombras de las contrataciones p\u00fablicas, el \u00faltimo recurso de los desplazados suele ser matar la reputaci\u00f3n del proceso, recurriendo al ruido medi\u00e1tico como arma de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Defender la transparencia en el INABIE implica defender el bienestar de miles de estudiantes y el derecho de los proveedores leg\u00edtimos a competir en igualdad de condiciones. Por eso, ante el ataque coordinado, la sociedad sensata no debe dejarse confundir: el verdadero peligro no radica en que las instituciones apliquen la ley, sino en permitir que quienes cargan pesados expedientes judiciales en sus espaldas pretendan dictar la pauta moral de la Rep\u00fablica Dominicana<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n La querella esta diponible aqui para descargar<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/849noticias.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/61d4c-image-5.png?w=640&ssl=1\")
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