La Policía Nacional informó este sábado que el desalojo realizado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en la plaza comercial conocida como Teleofertas, responde a un proceso por ocupación ilegal de terrenos, sustentado en una orden judicial definitiva.
El vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, explicó que la intervención se ejecutó en cumplimiento de una resolución emitida por el Abogado del Estado, así como de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), documentos que, según indicó, avalan la legalidad del procedimiento.
“Estamos actuando en estricto apego al marco constitucional y legal vigente, en cumplimiento de una decisión jurisdiccional definitiva”, expresó Pesqueira.
De acuerdo con el informe oficial, la medida se fundamenta en la Resolución No. 052, de fecha 2 de febrero de 2026, amparada en el artículo 48, párrafo II, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como en disposiciones de la Ley 396-19, que regulan este tipo de ejecuciones dentro de plazos establecidos.
Las autoridades indicaron que el proceso involucra varios inmuebles ubicados en el Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, con una extensión superior a los 4,300 metros cuadrados, cuyos derechos de propiedad están respaldados por certificados de título y documentación legal.
Amplio despliegue policial
En el operativo participaron más de 150 agentes pertenecientes a unidades antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, en coordinación con alguaciles responsables de ejecutar la orden judicial.
La Policía precisó que su rol fue garantizar el orden público, proteger la integridad física de las personas presentes y prevenir incidentes, actuando bajo principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Familiares denuncian irregularidades
En contraste, familiares del fallecido comunicador y empresario Johnny Marte calificaron el desalojo como irregular.
John Marte, hijo del empresario, aseguró que ninguno de los miembros de la familia fue notificado previamente sobre la acción. Indicó además que llevaban más de 30 años operando en el lugar, donde funcionan más de 20 negocios que, según afirmó, sostienen a varias familias.
“Son familias que tienen más de 30 años aquí operando y aportando a la comunidad”, expresó, al tiempo que cuestionó el respeto al debido proceso en la ejecución del desalojo.
Las autoridades reiteraron su compromiso de respaldar las decisiones judiciales, asegurando que estos procesos se desarrollen de manera pacífica y conforme a la ley, mientras persisten las quejas de los afectados por la medida.