A menos de dos semanas para que venza el plazo de inscripción de precandidaturas presidenciales en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el proceso enfrenta un fuerte rechazo interno. La mayoría de los aspirantes a la nominación presidencial han expresado su desacuerdo con la metodología impuesta por el Comité Político (CP), argumentando que carece de consenso y podría ser ilegal.
Entre los precandidatos que han manifestado su oposición se encuentran Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti y Margarita Cedeño, quienes denuncian que el mecanismo de selección no representa a todas las facciones del partido.
En contraste, el único aspirante que ha respaldado la disposición del CP es Francisco Javier García, quien formalizó su inscripción el pasado 22 de marzo ante la Comisión de Arbitraje y Unidad, coordinada por Lidio Cadet.
Posible impugnación ante el Tribunal Electoral
Ante la falta de consenso, fuentes cercanas al Comité Central han revelado a N Digital que algunos dirigentes evalúan presentar una instancia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar la nulidad del proceso.
Además, existe la posibilidad de elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que la medida del CP contradice la Ley Electoral, la cual establece que la elección del candidato presidencial debe efectuarse un año antes de las elecciones, es decir, en 2027.
Polémica por los plazos y el proceso de selección
El Comité Político estableció que el plazo de inscripción de precandidaturas vencerá el 6 de abril de 2025 y que el candidato presidencial será seleccionado en el primer trimestre de 2026 mediante una consulta popular.
Sin embargo, los opositores a la medida sostienen que esta decisión fue impuesta por un grupo dominante dentro del CP y que vulnera la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral y los estatutos internos del PLD.
Ante este panorama, los disidentes han advertido que defenderán sus derechos legales, estatutarios y constitucionales para garantizar un proceso transparente y legítimo dentro de los plazos establecidos por la ley.
La crisis interna en el PLD sigue escalando, mientras se acerca la fecha límite de inscripción y aumenta la posibilidad de una confrontación en los tribunales.