Santo Domingo, RD. – El senador por Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, afirmó que el costo real del pasaje en el transporte público urbano e interurbano debería rondar actualmente los RD$95, aunque aseguró que los operadores afiliados a esa entidad mantienen la tarifa de RD$35 debido a las regulaciones vigentes y a las compensaciones que reciben por los combustibles.

Durante una entrevista en un programa conducido por el periodista Héctor Herrera, Marte sostuvo que la tarifa actual resulta insuficiente para cubrir los costos operativos del sector, debido al incremento de los precios de neumáticos, repuestos, lubricantes y otros insumos, algunos de los cuales, según indicó, han experimentado aumentos de hasta un 100%.

El legislador consideró que el transporte dominicano enfrenta una presión económica considerable y destacó que Conatra agrupa más de 85,000 vehículos en todo el territorio nacional, por lo que entiende que el funcionamiento de ese sector tiene una incidencia directa en la estabilidad económica y social del país.

Propone restricciones a motocicletas y circulación por placas

Al abordar la problemática de los congestionamientos vehiculares, Marte planteó la necesidad de establecer controles más estrictos sobre el motoconchismo y reorganizar la circulación de motocicletas en las principales ciudades.

Afirmó que los motoconchistas pueden generar ingresos aproximados de RD$4,000 diarios, una rentabilidad que, a su juicio, supera la de muchos operadores de vehículos de cuatro ruedas y ha provocado que algunos propietarios de automóviles opten por trabajar en motocicletas.

Entre sus propuestas figura exigir seguro de daños a terceros, rotulación visible y placas diferenciadas para motocicletas destinadas al transporte de pasajeros, mensajería, uso privado y recreativo.

También sugirió limitar la circulación de motocicletas a rutas alimentadoras de las principales avenidas e implementar un sistema de circulación alternada para vehículos particulares, tomando en cuenta la terminación par o impar de las placas, con el objetivo de reducir hasta en un 50 % la cantidad de automóviles en las vías.

Sobre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), reveló que recomendó a su director renunciar si no cuenta con el respaldo presupuestario, policial e institucional necesario para ejecutar las medidas destinadas a mejorar el tránsito, sin interferencias de sectores políticos.

Cuestiona inversiones en teleféricos y defiende otros modelos de transporte

En relación con el Decreto 253-12, Marte recordó que este contempla un gravamen de RD$2 por galón de combustible destinado a financiar programas de renovación de la flota vehicular.

Señaló que algunos corredores de transporte, como el de la avenida Núñez de Cáceres, fueron desarrollados con recursos provenientes de esos fondos.

Sin embargo, cuestionó las inversiones realizadas en los sistemas de teleférico de Santo Domingo y Santiago, al considerar que representan elevados costos, y planteó que esos recursos pudieron destinarse a fortalecer una red de autobuses alimentadores conectados con las líneas del Metro.

Empresarios del transporte enfrentan problemas de rentabilidad

El presidente de Conatra aseguró que el negocio del transporte interurbano ha perdido atractivo para los inversionistas privados debido al elevado costo de adquisición y mantenimiento de las unidades.

Indicó que desde 2017 sus empresas no han incorporado autobuses nuevos, cuyos precios actualmente oscilan entre RD$22 y RD$25 millones.

Asimismo, reveló que mantiene cerca de 100 unidades estacionadas en sus talleres, debido a problemas de rentabilidad y a la baja demanda de pasajeros en determinadas rutas.

Ante esta situación, sostuvo que algunos empresarios han tenido que diversificar sus inversiones hacia actividades como el turismo y los centros de entretenimiento. También favoreció la participación del sector privado mediante alianzas y consorcios para la administración del transporte público.

Cuestiona las repatriaciones de ciudadanos haitianos

En materia migratoria, Marte estimó que en República Dominicana residen alrededor de cinco millones de ciudadanos haitianos, una cifra que atribuyó a la magnitud del flujo migratorio hacia el territorio nacional.

Cuestionó la efectividad de los procesos de repatriación ejecutados por la Dirección General de Migración y denunció que muchos extranjeros deportados regresan al país en poco tiempo mediante supuestos pagos irregulares a intermediarios y militares en los puntos fronterizos.

No obstante, reconoció que la construcción del muro fronterizo y el incremento del patrullaje han contribuido a mejorar la seguridad en comunidades rurales próximas a la frontera, citando como ejemplo La Sidra de Toma, en Santiago Rodríguez.

Respecto a la crisis de seguridad en Haití, expresó su respaldo a las acciones contundentes contra las organizaciones criminales y manifestó simpatía por los métodos implementados por el Gobierno de El Salvador para combatir las estructuras delictivas.

Pide revisar el salario mínimo y cuestiona recortes presupuestarios

En el ámbito económico, el senador rechazó la reducción proyectada de las asignaciones presupuestarias destinadas a la Junta Central Electoral (JCE) y a las organizaciones políticas, al considerar que esta medida podría afectar las condiciones de equidad electoral, especialmente para los partidos con menor capacidad financiera.

También solicitó al Gobierno revisar el salario mínimo general, tomando en cuenta el incremento sostenido de los precios de los productos de primera necesidad y los combustibles.

Finalmente, se opuso a los aumentos propuestos en el costo de los marbetes para vehículos de años anteriores y sugirió que cualquier reajuste fiscal se concentre en los propietarios de vehículos de modelos recientes o de alta gama.

Las declaraciones de Antonio Marte abarcan varios de los principales desafíos del país en materia de transporte, movilidad urbana, migración y economía, y colocan nuevamente sobre la mesa el debate acerca del costo real del servicio de transporte público y las medidas necesarias para reorganizar el tránsito nacional.