El papel del presidente de la República es vital para el desarrollo y la estabilidad de un país, y está claramente definido en la Constitución. Sin embargo, la reciente decisión del presidente de asumir roles ministeriales, especialmente en áreas sensibles como la seguridad ciudadana, nos ha generado cierta preocupación.
En este artículo, exploraremos la importancia de respetar el marco constitucional, delegar responsabilidades y garantizar la eficiencia en la gestión gubernamental.
La Constitución otorga al presidente de la República un conjunto de facultades y obligaciones específicas que deben ser cumplidas en beneficio del país. Es fundamental que los presidentes se enfoquen en su rol principal, que incluye liderazgo, toma de decisiones estratégicas y coordinación general de políticas. Asimismo, tienen la prerrogativa de designar y destituir ministros las veces que sea necesario, permitiéndole esto formar un equipo competente para afrontar los desafíos.
Esta prerrogativa de designar y destituir ministros se convierte en un escudo estratégico que le permite proteger la valoración y popularidad de su figura. Esta facultad le brinda flexibilidad para asegurarse de que cada área esté en sintonía con los intereses y objetivos de su gobierno.
Cada área de gobierno requiere conocimientos y enfoques específicos, por lo que ningún presidente, (aunque quiera) puede abarcar todas las áreas de manera directa. Al designar ministros capacitados, se promueve una gestión efectiva y se facilita la rendición de cuentas.
No obstante, es importante destacar que la decisión de un presidente de asumir directamente el rol de un ministro en áreas críticas puede generar preocupación. La seguridad ciudadana, por ejemplo, es un tema preocupante en toda América Latina, la República Dominicana no es la excepción, pero cada país requiere un enfoque único, integral y multidimensional para ser abordado eficazmente.
Se puede interpretar que la decisión del presidente de intervenir directamente en la lucha contra la delincuencia es una clara señal de su compromiso y determinación para abordar este problema crítico. Esta participación activa puede motivar a los funcionarios, dar un ejemplo de entrega y enviar una fuerte señal a la sociedad de que el gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para combatir la delincuencia.
Sin embargo, también es importante considerar las implicaciones negativas que esta decisión podría tener.
En primer lugar, existe el riesgo de que esta intervención directa genere desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Al asumir personalmente la lucha contra la delincuencia, el presidente podría transmitir la idea de que las instituciones existentes no son competentes o eficaces para abordar el problema. Esto puede socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generar dudas sobre su capacidad para garantizar la seguridad.
Además, esta decisión puede ser utilizada por la oposición como una herramienta política para criticar al gobierno y al presidente. Si la lucha contra la delincuencia no muestra resultados significativos, la oposición podría argumentar que la intervención directa del presidente fue una medida improvisada y refleja una falta de planificación por parte del gobierno. Esta crítica puede debilitar la imagen de la administración y su capacidad para manejar eficazmente la seguridad ciudadana y otros asuntos.
Otro aspecto a considerar es el desgaste del presidente. La gestión directa de un problema tan complejo y multifacético como la seguridad ciudadana puede ser agotadora tanto física como mentalmente. Esto podría desviar la atención del presidente de otros asuntos importantes y afectar su capacidad para cumplir con sus responsabilidades gubernamentales de manera efectiva. Además, existe el riesgo de que el presidente caiga en la trampa de la microgerencia, involucrándose en detalles operativos y dificultando la toma de decisiones estratégicas. Esto puede generar insatisfacción entre los empleados, ineficiencia organizativa y falta de innovación en la gestión de la seguridad.
Como hemos dicho antes, el presidente se expone directamente a las críticas, lo que puede socavar su popularidad y, en última instancia, debilitar la salud del gobierno en su conjunto. Este escenario podría incluso derivar en levantamientos violentos, paros, huelgas y poner en peligro la continuidad del partido en el poder. Por lo tanto, es de suma importancia que el presidente utilice con prudencia su prerrogativa, asegurándose de hacerlo de manera estratégica y centrándose en su papel principal como líder, de modo que pueda garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del gobierno a largo plazo.
Si bien la demostración de compromiso del presidente en la lucha contra la delincuencia puede tener aspectos positivos, también es importante considerar las implicaciones negativas que esta decisión puede tener en términos de desconfianza en las instituciones, críticas políticas, percepción de improvisación, desgaste del presidente y riesgo de microgerencia.
Recomendamos encarecidamente al presidente que haga uso sabio de su prerrogativa constitucional de cambiar ministros según sea necesario, en lugar de asumir personalmente sus roles. Aunque el gesto de asumir directamente estas responsabilidades puede parecer una muestra de entrega y compromiso, en la práctica puede acarrear más perjuicios que beneficios. Es de vital importancia que el presidente dedique su energía y atención a abordar los desafíos de gran envergadura que afectan al país en su conjunto, delegando en sus ministros, quienes actúan como escudo protector ante las críticas.
Ing. Edgar Caraballo
Miembro fundador del PRM