El Ministro y exdirector de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), José Leonel Cabrera Abud, conocido como Neney Cabrera, ha salido en defensa de su gestión en la entidad, a raíz de las recientes alegaciones de la Contraloría General de la República.
Es importante subrayar que el escrutinio público es una parte vital de la democracia, pero también lo es garantizar que este se lleve a cabo con justicia y objetividad.
Cabrera, quien estuvo al frente de la PROPEEP desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2022, señala que durante su gestión se llevaron a cabo 371 procesos de compras de bienes y servicios, todos sin ninguna impugnación por parte de los oferentes. Este dato por sí solo es una clara indicación de la eficiencia y transparencia que caracterizó su liderazgo en la institución.
Además, en cuanto a los índices de transparencia gubernamental, Cabrera detalla que durante su mandato logró un promedio del 95.8%, un logro nada despreciable en la administración pública. Estos porcentajes no solo son un testimonio de la labor de Cabrera, sino también un reflejo de la eficiencia y la integridad con la que llevó a cabo su gestión.
A través de un comunicado en Twitter, Cabrera destacó que los funcionarios públicos están expuestos a un escrutinio permanente y tienen el deber de rendir cuentas. Sin embargo, el exfuncionario pidió que el ejercicio de escrutinio se realice siempre con objetividad, sin especulaciones malsanas, y teniendo en cuenta la honra de las personas y las familias involucradas.
La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana establece que (DGCP) como la entidad encargada de supervisar y controlar las compras y contrataciones del estado. Esta entidad tiene la responsabilidad de validar las empresas, verificar su domicilio y todos los asuntos relacionados con la legalidad de una empresa. Si una empresa recibe la aprobación de la DGCP, legalmente no se le puede prohibir participar en licitaciones siempre y cuando cumpla con los términos establecidos por la entidad contratante.
En referencia a las alegaciones específicas sobre la adquisición de una retroexcavadora y un bulldozer a través de una empresa que no era el concesionario oficial, Cabrera argumenta que las empresas concesionarias “excedían el tiempo requerido por la institución” para la entrega de equipos. En una administración pública, el tiempo es un recurso valioso y las decisiones deben tomarse para garantizar la eficiencia y la efectividad de los servicios prestados.
Cabrera concluyó su comunicado asegurando que no hubo ninguna pérdida material al estado, ni ningún tipo de dolo en su gestión. Esto ofrece una perspectiva contraria a las acusaciones de la Contraloría y pone en relieve la necesidad de un debate objetivo y basado en hechos sobre el manejo de las instituciones públicas en la República Dominicana.
Es importante que las alegaciones de mala praxis sean investigadas de manera completa y justa, pero también es crucial que los individuos tengan el derecho a defenderse y a presentar evidencia en su favor. Como sociedad, debemos buscar la verdad, proteger la integridad de nuestras instituciones y asegurar que se haga justicia.
Finalmente, y tal vez lo más importante, es que Cabrera ha demostrado estar dispuesto a rendir cuentas y a participar en el escrutinio público. En sus propias palabras: “Los funcionarios públicos, estamos expuestos al escrutinio permanente de la sociedad, también tenemos el deber de rendir cuentas”. Sin embargo, también aboga por un ejercicio de este escrutinio “apegado a los hechos concretos, con objetividad, sin especulaciones malsanas y malquerencias, para cuidar honras personales y familiares bien ganadas, durante toda una vida”.
Ing. Edgar Caraballo